El fierro de AMLO.

Nadie va a molestar a Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín o Javier Alatorre, por emitir una opinión sobre un político, un candidato ó un partido. Tampoco habrá multas a los medios en los que expresen esa opinión.

“Las sanciones que vienen en el Cofipe aplican únicamente a la publicidad pagada”, asevera Diódoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al descalificar las versiones “interesadas” que hablan de que esa Ley secundaria atenta contra la libertad de expresión.
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Diódoro, por cierto, jura que no va a haber sorpresas en la elección del presidente consejero del IFE, ni en la de los otros dos consejeros electorales, a los que van a cesar por obra y gracia de los que reclaman fraude en las presidenciales. “Nadie se va a sacar los candidatos de la manga”, asegura el ex secretario de Gobernación.

Hablamos con el legislador al filo de las dos de la tarde. A esa hora habían solicitado su registro como aspirantes 21 personas, entre ellas cuatro consejeros estatales electorales. Ningún personaje con pedirgree había puesto un pie en las oficinas de la mesa directiva de la Cámara baja, donde se depositan las solicitudes. “El registro se cierra hasta el viernes. Esta semana es clave. El lunes presentamos la lista completa”, explicó Carrasco.

Por la tarde se presentó el primer aspirante más o menos conocido. Se trata de Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE. "Es importante que los que tenemos alguna experiencia en materia electoral participemos nuevamente, el haber estado allí siete años, le da a uno un bagaje importante que puede ser utilizado otra vez", declaró a los reporteros de la fuente.
Cárdenas trae el fierro de AMLO. Defendió el “voto por voto” que reclamaba el Peje en pleno conflicto electoral, y aseveró que si bien el 2 de julio del 2006 no hubo en México una elección de Estado, “los poderes fácticos sometieron a los poderes formales del Estado para impedir que un candidato llegara.” (La Jornada, 27-06-06)
Ese posicionamiento puede ser su debilidad. (requiere de la aprobación de dos tercios de los diputados), o su fortaleza, si los perredistas saben negociar.
La Comisión de Gobernación será la encargada de entrevistar a los aspirantes que obtengan el registro. La valoración para seleccionarlo tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación de su formación profesional, su conocimiento de las Leyes, el manejo del tema electoral, y su desempeño en conjunto, nos dijo Diódoro.
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Anoche andaban muy contentos los coordinadores de La Chiquillada. Están convencidos de que sus amenazas de votar en contra del nuevo Cofipe, y recurrir a la Corte en caso de que no los pelen en las negociaciones sobre esa ley secundaria, obligaron a los tres grandes (PAN; PRD y PRI) a reabrir el tema y posponer la aprobación del dictamen. “Le dimos con todo a Larios y no tuvo mas remedio que recular””, festinó uno de ellos.
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Desconcierto y extrañeza provocaron en el equipo de Elba Ester Gordillo las recientes declaraciones, en Monterrey, de Cesar Nava, secretario particular del presidente, en las que pone en entredicho la alianza de la maestra con el PAN. “Tenemos que reflexionar qué nos ha dado esta alianza, qué no nos ha dado, y decidir lo que sea mejor de cara al 2009, qué nos quita, en qué nos daña, en qué nos ayuda" (Reforma, 25-11-07.)

“Hay que ver quien aventó la bola”, nos dicen en el entorno de Gordillo. Saben que las palabras de Nava respondían a cuestionamientos del ex gobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, hombre cercano al grupo de Fox, pero dudan que Nava se haya aventado una declaración de ese tamaño, sin línea de su jefe. Asunto a seguir…
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En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se perfila un choque de trenes amarillos. Los que sí saben aseguran que no hay acuerdo en el paquete económico para el 2008 entre los diputados perredistas de Nueva Alianza, fieles a Víctor Hugo Círigo, y los que responden a la línea de jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Este viernes vence el plazo para que Marcelo envíe a la ALDF el paquete económico para el 2008, y los partidos de oposición que no son del FAP (PAN, PRI, Nueva Alianza y Alternativa) ya se frotan las manos, ante la posibilidad de poder inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Si el paquete atiende sus demandas, se van con Ebrard, si el jefe de gobierno no les hizo caso, se van con Círigo.

¿Y la Ciudad de México? Bien gracias.

Fuero

Muy pronto veremos cambios radicales en la vida parlamentaria mexicana. Las principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) tienen consensuadas modificaciones a la Ley Suprema. Tienen que ver con el fuero y la inmunidad procesal, las fechas y el formato del informe, el régimen de incompatibilidades, la ampliación de los periodos de sesiones.

Un documento sobre el “Fortalecimiento del Poder Legislativo”, que servirá de base al dictamen sobre los cambios constitucionales que se proponen a los artículos 69 y 93, adelanta que el fuero del que gozan los legisladores será acotado considerablemente.

Los diputados o senadores que pidan licencia no se lo llevarán consigo, como sucede actualmente. En el momento de abandonen su curul, dejan también el fuero. En el caso de la inmunidad procesal, se establecerá que no sea requisito para el ejercicio de la acción penal, cuando exista flagrancia (salvo en delitos menores)

El presidente de la republica entregará por escrito si informe al Congreso el primero de septiembre, sin necesidad de asistir al recinto. Seis meses después, el primero de marzo, acudirá a la sesión plenaria, donde se le comunicarán las recomendaciones derivadas del análisis del Informe, para hacer más eficiente la administración pública. Ese día habrá un debate directo entre el mandatario y el Congreso

A los legisladores les mocharan también las vacaciones. Los periodos ordinarios de sesiones durarán cuatro meses cada uno. El primer periodo de sesiones del año legislativo no variará (del 1 de septiembre al 15 de diciembre). El segundo será ampliado del 1 de marzo al 30 de junio. Actualmente es 1 de febrero al 15 de abril. Tampoco podrán recibir ingresos, prestaciones, beneficios, concesiones, emolumentos que sean incompatibles con sus funciones.

Quedará también eliminado el “veto de bolsillo”, por el cual el Ejecutivo puede frenar una Ley, por el simple hecho de no publicarla en el Diario Oficial. Si a los 15 días de haber sido aprobada el Ejecutivo no la ha sancionado, el Congreso podrá ordenar su publicación.
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Recibimos una carta de Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, en la que destaca que “algunos formadores de la opinión pública” se han ocupado de una “vieja canallada” que busca lastimarlo. Se refiere al reportaje del New York Times, publicado en los noventas, cuando era gobernador de Sonora, que lo vinculó con el desaparecido narcotraficante, Amado Carrillo Fuentes.

El senador acompaña su misiva con el libro “No hay acusador ni crimen, pero tú eres culpable”, del periodista norteamericano Keith Rosenblum, corresponsal, durante ocho años, de los diarios Arizona Daily Star y Arizona Republic.

El autor entrevistó a tres embajadores estadounidenses en México, una docena de funcionarios del Departamento de Estado, representantes de la DEA, policías mexicanos y estadounidenses, y llegó a la conclusión que los autores del reportaje “faltaron a la verdad, o no están bien informados”.

El asunto recobró vigencia, luego de que el Centro Fox, en respuesta a los señalamientos de Beltrones sobre irregularidades cometidas por los hijos de Marta Sahagún, señalara que Manlio “tiene un expediente” en la DEA.

En su carta, Beltrones señala que, para él, “este asunto está cerrado”. Y remata con una reflexión:“En una sociedad democrática, una mentira reiterada no debe convertirse en una verdad dogmática.”
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Rubén Aguilar, ex vocero de Fox, nos adelanta que el mito de los head hunters se cae con la lectura del libro “La Diferencia, Radiografía de un Sexenio” (Random House) que publicó junto con el ex canciller Jorge Castañeda. “solo tres secretarios de estado fueron propuestos por despachos de head hunters , subraya el hombre. Ellos son Leticia Navarro, titular de Turismo, Raúl Muñoz Leos, de Pemex, y Laura Valdés, de Lotería Nacional.
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La versión de que Liconsa desaparece el año próximo, difundida por el diputado panista, Francisco Domínguez, es completamente falsa, aseguran en círculos gubernamentales. El borrego azul mereció un duro desmentido del diputado priista Héctor Hugo Olivares, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. “No estamos dispuestos a hacerle el juego a intereses comerciales, industriales, o de cualquier índole, en detrimento de pequeños ganaderos nacionales que comercializan su leche a través de Liconsa”, dijo.
¿Se referirá a Lala y Alpura que quieren el negocio? Son preguntas.
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Moraleja de la semana (dedicada a los legisladores que elaboran el Cofipe): No hagas cosas malas, que parezcan buenas.

Revelaciones sobre el desafuero.

Hoy sale a la venta el libro “La Diferencia: Radiografía de un Sexenio” (Random House) , de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Es la crónica del foxiato narrada por dos personajes clave de ese régimen. El primer canciller y su último vocero. La obra contiene ocho capítulos: La Construcción del Gabinete, Chiapas, Atenco, Reforma Fiscal, Cuba, Consejo de Seguridad, Desafuero, y 2006.

Los autores, quienes se conocen desde los tiempos de la guerrillla en el Salvador, se tardaron un año en escribirlo. Realizaron múltiples entrevistas, incluyeron documentos, aportaron datos que solo ellos conocen. Hacen revelaciones que, a juicio de El Güero, van a molestar al ex presidente. “No es una defensa o una apología de Fox, es una obra critica, como lo fue La Herencia hace 10 años”, puntualiza el ex canciller.

Con la autorización de los autores reproducimos un pasaje del capitulo titulado El Desafuero, que inicia con aquel cónclave la Semana Santa del 2004, en el que se da el banderazo al proceso que victimizó y popularizó a Andrés Manuel López Obrador, al punto de casi llevarlo a la presidencia de la República. Dice textual:

Aquí comienza a levantarse una montaña de malentendidos, coincidencias y falsas ingenuidades. Fox convocó a una reunión en Los Pinos, el 6 de abril, Domingo de Resurrección, a Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte, a Santiago Creel,
Macedo de la Concha y María Teresa Herrera, consejera jurídica de la Presidencia. Lo hizo para preguntarle a Azuela, delante de sus subordinados, si en efecto Macedo tenía razón; Azuela responde: están obligados a acatar la orden del Tribunal Colegiado (La suspensión definitiva de las obras en El Encino)

“Ya Macedo le había comunicado a Fox su opinión de lo que sucedería si el Ejecutivo Federal no aceptaba las órdenes del tribunal: incurriría en una responsabilidad penal. Fox consideraba entonces que no podía incumplir con los términos de la ley, ya que enfrentaría consecuencias el procurador y, a la larga, el propio presidente de la república.

“Cuando Fox invitó a Mariano Azuela, pensaba en el porvenir. Quería cerciorarse de que el Poder Judicial se hallaba absolutamente seguro de lo que hacía, porque hasta ese momento el Ejecutivo no había intervenido en el asunto. Fue el Poder Judicial el que juzgó, el que declaró culpable y el que exigió castigo para el culpable. Como dice Fox: “En mí había una duda razonable de que pudieran luego dejarme bailando en la loma.” Buscaba escuchar, según el, en la propia voz del presidente de la Suprema Corte, que efectivamente no había otro camino.

De acuerdo con un interlocutor de Azuela, al increparlo días después: “¿Por qué opinaste que no tenía de otra?”, Azuela se defendió: “Me está citando en domingo, es un asunto delicado, me ponen enfrente del procurador, el presidente de la república me pregunta y respondo desde la ortodoxia: coincido con el procurador”.

El interlocutor agrega: “El punto es que si a Azuela se le hubiera consultado de manera directa…. ¿quieres aplicarle la ley o la justicia, (o sea, “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”)? tal vez habría respondido de otro modo.” Azuela añadió, cuando efectivamente se le interrogó de otro modo: “¿Quieres opciones para que el jefe de Gobierno no incurra en desacato y no provocar daños a terceros? Hay opciones. Pero yo, como presidente de la Corte no puedo opinar algo así si no me lo preguntan tal cual”.

Fue la consecuencia de una mecánica jurídica infernal, si se quiere, ajena al Peje y a Fox, que le trajo beneficios a AMLO (colocarse en el lugar idóneo de cualquier político mexicano: el de la víctima) y a Fox también: tildar al Peje como enemigo del Estado de derecho, de los derechos de propiedad, del poder judicial.
Por ello, se dio una concatenación azarosa de los hechos, y Fox concluyó que el único camino posible consistía en proceder penalmente contra el Peje, lo cual implicaba el desafuero, mas no necesariamente determinadas consecuencias electorales.

... Si bien (Macedo) era soldado y también abogado, primero era soldado y después abogado. Si su jefe buscaba motivos para verse obligado a actuar como actuó, no sólo se los iba a proporcionar, sino que evitaría proponerle opciones para hacer lo que no quería, a menos que se lo pidiera; Fox nunca lo hizo, porque prefería verse/sentirse/creerse obligado a proceder judicialmente, por razones políticas, más o menos conscientes, al gusto de cada quien. Esta versión tiene la ventaja de explicar muchas más incógnitas que la primera; pero padece de la falta de fuentes directas y dispuestas a ser citadas.