El jaque de la CNDH a las autoridades

Las medidas cautelares para preservar el derecho a la vida de los huelguistas de hambre del SME, solicitadas por la CNDH a las autoridades federales y del DF, provocaron inquietud en Bucareli. “Nos mete en un aprieto terrible. Pone la responsabilidad de lo que suceda en el gobierno”, reconoció Roberto Gil, subsecretario de gobierno de la Segob.
El funcionario no ocultaba su preocupación por el deterioro de la salud de Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quien sufrió un “preinfarto” el pasado lunes después de 82 días de ayuno. Pero también de Cayetano Cabrera, 86 días sin comer. Sabe que los huelguistas de hambre no se andan con jueguitos, y que puede haber un desenlace fatal.

Cayetano y los suyos creen a ciegas en las promesas de su líder, Martín Esparza, de que van a reinstalar a los 44 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, si mantienen el ayuno. La causa es noble. La lucha es para recuperar el trabajo. La demanda, sin embargo, “es imposible de cumplir”, advirtió el funcionario.

Gil se queja de la insensibilidad de Esparza. Una y otra vez le ha pedido al líder sindical que intervenga para que levanten la huelga de hambre. Una y otra vez se ha topado con la misma respuesta: Es una decisión voluntaria. El funcionario no esconde su indignación por el hecho de que el mero mero del SME haya hecho firmar a Cayetano una carta en la que lo exonera de responsabilidad en caso de un desenlace fatal.

El gobierno, por cierto, mantiene cerca de los ayunantes una ambulancia permanente. Los servicios médicos están al alcance de ellos. Esas son las medidas cautelares que pide la CNDH. El problema es no los dejan intervenir. “Quieren fabricar un muerto”, acusa el subsecretario.

Otro que debe estar nervioso es Javier Lozano Alarcón. El futuro político del secretario del Trabajo está vinculado irremediablemente a la suerte de los huelguistas. Es la cara visible del gobierno en el conflicto con el SME. Un desenlace fatal lesionaría aún más su imagen frente a la clase trabajadora.

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Las autoridades federales están desconcertadas por el debate que la explosión del coche bomba en Ciudad Juárez ha generado en los medios de comunicación. No les gusta que se utilice, con tanta ligereza, la palabra “narcoterrorismo”, para describir el singular acontecimiento en el que, por primera vez, se utilizó un teléfono celular para detonar, a distancia, los explosivos. El evento dejó cuatro muertos, y ha servido para evocar la época de Pablo Escobar en Colombia.

El propio Roberto Gil manifiesta que no existen indicios de que los cárteles de la droga hayan optado por cometer sistemáticamente actos selectivos y de impacto masivo –uno de los elementos del terrorismo– para proteger sus actividades ilícitas. Está convencido de que se trata de un “incidente aislado” que se deriva del acoso que han sufrido por parte de las fuerzas del Estado. “Ya no quieren estar en la línea de batalla; por eso matan de lejitos”, asevera el subsecretario.

Más allá de las definiciones técnicas que pueda provocar el sofisticado método que utilizaron los criminales en Juárez, hay una verdad incontrovertible: la población está aterrorizada.

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Carlos Lozano nos cuenta que aprovechó su vista a Los Pinos, el lunes pasado, para pedir al presidente Calderón le “levante el castigo” a Aguascalientes. El gobernador electo de esa entidad explicó que los constantes desencuentros entre el mandatario saliente, Luis Armando Reinoso, y el Partido Acción Nacional, se tradujeron en menos recursos federales para la entidad.

El priista manifestó también que el tema de la seguridad ocupó parte de la charla. La entidad, otrora una de las más tranquilas de la República, registró hechos de violencia relacionados con los narcos, durante el sexenio del ¿panista? Reinoso. “Le dije al presidente que Aguascalientes es un estado pequeño que puede servir como modelo a nuevas estrategias para combatir el crimen organizado”, narró Lozano. El hombre de veía contento. Encontró un presidente muy receptivo y dispuesto a trabajar con él.

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Roberto Mourey, coordinador de imagen de Vicente Fox en el sexenio pasado, está de regreso en Los Pinos. Ocupará la oficina que dejó vacante Alejandra Sota, recién designada coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República. Será el nuevo coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de Felipe.

21 de julio

Políticos liliputenses

La masacre en Torreón –ya van 18 muertos- vuelve a mostrarnos la pequeñez de la clase política. Unos y otros se responsabilizan de la incontrolable violencia; se lanzan reproches; y se enfrascan en debates que en nada ayudan a la ciudadanía, más indefensa que nunca.



Lo de ayer fue a escala nacional. César Nava, jefe nacional del PAN, en su afán de descargar culpas, difundió un comunicado en el que hace un “enérgico” llamado al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, y garantizar así la seguridad de los habitantes de la entidad. Una manera sutil de ponerle el índice.



Pero el tema le brincó por donde menos se esperaba. Nava es diputado federal. Debió saber que en abril pasado, los legisladores priistas de Coahuila presentaron un punto de acuerdo en el que urgen a la Secretaría de Seguridad Pública a enviar elementos de la Policía Federal, ante el repunte de la violencia.



Más aún. Le mandaron un oficio a Genaro García Luna en el que le pedían audiencia. Querían pedir al titular de la SSP federal lo mismo que ahora Nava exige con “energía” al gobernador: más coordinación. Pero ni caso. Genaro no los ha recibido.



Moreira se queja de la nula presencia de federales en su estado. “Los pocos que había los retiraron”, sostiene la tarjeta informativa que le adjudican al diputado. Nada dice de la fuerza pública local. Por lo que leímos ayer, gran cantidad de policías estaban ocupados en un acto muy relevante: el blindaje de la boda del propio Rubén Moreira, a la que asistió la plana mayor del PRI, incluido su candidato virtual.

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Sigue la rebatinga por los cargos en la Cámara de Diputados y el cobro de facturas por las alianzas electorales en los estados. Nos enteramos ayer que la bancada del Partido Verde en inició conversaciones con el PRI “al más alto nivel” para que uno de sus diputados presida la mesa directiva durante seis meses, en el segundo año de la presente legislatura.

El diputado ecologista Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones, dice tener conocimiento que la panista Josefina Vázquez Mota no vetaría la posibilidad de que un “ecologista” suceda a Francisco Ramírez Acuña en el vistoso cargo. Pero en el grupo parlamentario azul aseguran que, hasta el pasado fin de semana, el “acuerdo original” –verbal, no impreso– no había sufrido cambios. Esto es, que el PRD ocuparía la presidencia de la mesa directiva en el 2011.



La posibilidad de que la presidencia de la Cámara se abra a un legislador del PVEM alborotó otros partidos de La Chiquillada. En el PT dicen que ellos también van por el “tiempo proporcional” que les tocaría en la presidencia de la mesa directiva, en caso de que las gestiones del partido-patrimonio del Niño Verde culminen con éxito. El PVEM tiene 21 diputados y el PT 17. La gran diferencia está en los aliados.


Otra incógnita mayor es que la diputada Beatriz Paredes no ha definido si buscará la presidencia de la mesa directiva. La también presidenta del PRI entrega la batuta de su partido el 4 de marzo próximo y nomás no se ve que vaya a quedarse como diputada de infantería, en un año clave para la elección del candidato presidencial de ese partido.



En Insurgentes Norte, sede del CEN tricolor, no se vislumbra indicio alguno de que la tlaxcalteca pudiera ocupar, simultáneamente, las presidencias del PRI y de la mesa directiva, de septiembre del 2010 a marzo del 2011. “Los apuros están en otro lado”, aseguran sus colaboradores.



Una objeción adicional es que ningún partido ha ocupado la presidencia de la mesa directiva en ambas cámaras desde que el PRI dejó de tener mayoría absoluta en el Congreso, en 1997. Es una regla no escrita. Manlio Fabio Beltrones va a presidir el Senado en el 2011. Por eso dejó pasar a Carlos Navarrete, PRD; este año, y aceptó la modesta posición de presidente del Instituto Belisario Domínguez.



El diputado Jorge Carlos Ramírez Marin, vicecoordinador de la bancada tricolor, no ve problema alguno si su partido llegase a ocupar la presidencia en las dos cámaras. “Habría esa posibilidad, en tanto que la Ley la señala”, manifestó el yucateco.

20 de julio

“¡Apúrate Alonso!”

¿Es fuego amigo? ¿Es de buena fe? Eran las preguntas que se hacían ayer en la Secretaría de Hacienda, luego de leer en este espacio sobre la existencia de pulseras blanquiazules con el nombre de Ernesto Cordero y la leyenda “Presidente 2012-2018.”



Los colaboradores del Secretario niegan categóricamente que detrás de la prematura acción proselitista haya estado el propio Cordero. “Es un asunto ajeno al secretario, nos causó sorpresa. No sabemos si es algo espontáneo o si es fuego amigo”, aseguró el vocero de Hacienda, Alejandro Caso Niebla.



La aparición de este tipo de propaganda provocó inquietud en los promotores de otros suspirantes. Es el caso del asambleísta Fernando Rodríguez Doval, integrante del Consejo Regional del PAN. “Por eso es importante que Alonso (Lujambio) se apure”, soltó, espontáneo, el joven legislador defeño.



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Las aspiraciones el secretario de Educación, por cierto, registraron un serio revés con la salida de Patricia Flores, la “Jefa de Jefes”, de Los Pinos. Es un secreto a voces que Lujambio es el “delfín” de la ahora ex titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Perdió una poderosa aliada.



Aún no se conoce el destino de Patricia. Las especulaciones están a la orden del día. Unos la ven en la embajada de México en Portugal. Otros en el sector privado. Ayer escuchamos una nueva versión, difundida por alguien que trabajaba con ella en la Presidencia: ocupará un cargo relacionado con turismo. ¿Será Fonatur? Es pregunta.

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El perredista, Jesús Zambrano, se disculpó ayer públicamente por expresiones vertidas “fuera de la conferencia de prensa” que hubieran podido ofender al PRI. Al mismo tiempo, pidió a este partido, la primera fuerza en San Lázaro, no utilizarlas como pretexto para vetar su llegada a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.



Chucho anda molesto porque el tricolor no ha reconocido el “acuerdo verbal” que, según él, se hizo en la Junta de Coordinación Política, en agosto del año pasado. El acuerdo preveía que el PRD ocuparía la presidencia de la mesa directiva en el 2011. El regateo de los tricolores lo llevó a decir, al término de una rueda de prensa, que “en el PRI se van a chingar con nosotros.”



Zambrano envió ayer copia de sus declaraciones a Paco Rojas y Jorge Carlos Ramírez Marín, uno y dos de la bancada del PRI. Quería dejar claro que la expresión que le reprochan fue formulada “absolutamente fuera de grabadora”. Siente que los priistas, contrariados por los resultados de la alianza en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, pueden objetarlo por haber sido el coordinador de la campaña de la aliancista Xóchitl Gálvez, en Hidalgo. Está convencido que esa es la razón de fondo del regateo. “Le tienen pánico a una alianza en el Estado de México”, puntualizó



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José Rosas Aispuro no quita el dedo del renglón. No se cansa de repetir que, en Durango, el narco operó a favor del PRI, a pesar de que el gobernador Ismael Hernández Deras, ya amenazó con denunciarlo por calumnia.



¿No tiene miedo a las represalias? Le preguntamos. “Es un tema muy complicado. Estoy conciente del reto que eso significa, pero Durango vale la pena”, repuso el hombre. Hasta ahora no ha recibido amenaza del crimen organizado.



Al aliancista lo vimos la tarde del jueves. Vino a la capital de la República a discutir con Cesar Nava, Chucho Ortega, Luis Walton, y Manuel Camacho, la estrategia para impugnar el resultado que favoreció al priista, Jorge Herrera Caldera, en la elección de gobernador.



Su objetivo inmediato es que los tribunales cambien el resultado. Sabe que es difícil. Tiene una segunda meta: que se anulen los comicios en las instancias federales. El hombre jura que existen los elementos para impugnar. “Es el único estado donde hubo violencia y robo de urnas”, asevera.

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Hay movimiento en el sector popular del PRI: El diputado federal, Guillermo Ruiz de Teresa, fue nombrado secretario general adjunto de la CNOP.

17 de julio