Autogoles.

Francisco Labastida Ochoa se mostraba contrariado. El gobierno federal ha enviado al Congreso cinco contrapropuestas a la iniciativa de reforma energética, que no hacen más que meter ruido a los acuerdos alcanzados por los senadores del PRI y el PAN, en materia de reforma energética.

“Quieren meter artículos mañosos, para ver si me apendejo…”, se quejó el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, en charla con el reportero. Son trucos, ardides, burdas estrategias, que llevan la intención de filtrar, en el dictamen final, propuestas del Ejecutivo que abiertamente no pasarían.

El legislador sinaloense ha hablado con Georgina Kessel, secretaria de Energía; y con Jesús Reyes Heroles, director de PEMEX. Pero no pasa nada. Las contrapropuestas persisten. “Pareciera como si quisieran que no saliera nada”, aseveró el senador del PRI, en tono crítico.

Una de esas contrapropuestas, por ejemplo, pretende mantener a PEMEX bajo la férula de la Secretaria de Hacienda, a pesar de que ya se acordó un período de transición, de siete años, para otorgar autonomía a la empresa paraestatal, explicó el sinaloense.

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En el Senado, por cierto, tienen asumido que habrá movilizaciones obradoristas, sea cual fuere la reforma energética que se apruebe. Pero están resueltos a sacarla adelante, sin importar el tamaño, ni la intensidad de estás manifestaciones. Panistas y priístas tienen la mayoría necesaria en el Congreso para aprobarla.

Los últimos esfuerzos se han encaminado a incorporar propuestas del PRD, como la diversificación energética, con la intención de que los moderados de ese partido voten a favor del dictamen. Buscan el máximo de consenso posible, aunque saben que una parte del PRD no va a votarla, y que otra parte, la más radical, “se volverá loca.”

¿Qué va a hacer el gobierno federal si, por ejemplo, los obradoristas le toman el aeropuerto de la Ciudad de México y bloquean las pistas? Es la pregunta que se hacen cotidianamente. La respuesta no es fácil. Un error en el desalojo, heridos de más o un muertito, y el tabasqueño volverá a ser San Andrés mártir.

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“¿Legalización de la mota? Claro que sí…”, soltó, espontáneo, el legendario asambleísta Salvador Martínez de la Rocca, alias El Pino. Hablaba de la propuesta que promueve el jefe de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo.

Este hombre quiere despenalizar el uso de la mariguana, y, eventualmente de la cocaína, para acabar con el negocio y “romperle el espinazo al crimen organizado”. Lo otro, advierte, “es seguir en esta costosa guerra, a la que no se le ve salida…”


Cirigo recordó que la Suprema Corte de Justicia ya reconoció que la ALDF tiene facultades para legislar en materia de salud. “La legitimación del consumo de drogas, cae en el ámbito de la salud”, alegó el perredista.

El jefe de los asambleístas del PRD, por cierto, presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional para que, entre otras cosas, el nombramiento del Procurador de Justicia del DF deje de ser facultad del Ejecutivo Federal. Propone que, en adelante, el nombramiento se haga a propuesta del jefe del gobierno del DF, y con la ratificación de la ALDF

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En el gobierno de Veracruz andan preocupados por las últimas palabras que pronunció el auto inmolado líder campesino, Ramiro Guillen Tapia. Este hombre, de 42 años, se quejó, antes de morir, que el Ejecutivo estatal no atendía sus demandas.

“Es de todos conocida y sabida la accesibilidad del gobernador Fidel Herrera Beltrán para escuchar las demandas de la población y darle solución a los problemas. Su gobierno es de puerta abiertas”, aseguran colaboradores del mandatario, en una nota enviada a distintos medios.

Guillén encabezaba a un grupo de 40 campesinos que invadieron 250 hectáreas en la comunidad de Ocozotepec, Veracruz. Los invasores perdieron un juicio en el Tribunal Agrario, y sobre ellos pesaba la amenaza de desalojo. Ante la posibilidad de que se suscitara un conflicto social, la SRA tomó cartas en el asunto.

El tema fue incorporado al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Colomer.) Para amortiguar el problema, se acordó el pago de 2 millones 240 mil pesos, como contraprestación por la desocupación del predio. La mitad la pagaría el gobierno de Veracruz y la otra mitad la Reforma Agraria. La minuta, aseguran, fue firmada por el propio Guillen Tapia.

Represalia.

Ni 24 horas se tardaron los partidos en regresarle el golpe de las multas al IFE. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados elaboró un punto de acuerdo, cuya copia obra en poder de este reportero, que exhorta al Consejo General del Instituto para que “analice” la conveniencia de “modificar” sus comisiones, especialmente la de Quejas y Denuncias, así como el Comité de Radio y Televisión.

A esos dos órganos internos del IFE pertenecen, casualmente, los consejeros electorales Virgilio Andrade, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias; y Marco Gómez Alcanzar, quien, además, es titular del Comité de Radio y Televisión.

Fueron ellos, además del consejero Marco Antonio Baños, los que elaboraron el dictamen que sanciona al PRD con 57 millones de pesos, por el plantón de Reforma en el 2006; al PAN con 36 millones, por haber violado la tregua navideña en el 2005; y al PRI por idéntico motivo.

¿Represalia?

El punto de acuerdo está firmado por Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados del PRD. Pero también por los coordinadores del PAN, Héctor Larios; PRI, Emilio Gamboa; PT, Ricardo Cantú; PVEM, Gloria Lavara, y Silvia Luna Rodríguez, Nueva Alianza.

El texto exhorta al Consejo General del IFE para que desde el inicio, y durante el proceso federal electoral 2008-2009, se apegue a los principios constitucionales de “legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad.”

¡Ah la partidocracia!

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La iniciativa del Ejecutivo relativa a la ley General del Sistema de Seguridad llegó al Palacio Legislativo sin alcanzar el consenso. El presidente Calderón la envió la noche del martes, porque ese día, 30 de septiembre, vencía el plazo que él mismo se auto impuso en aquella reunión de “si no pueden renuncien”

Los diputados ni siquiera la conocen. Hasta hoy será publicada en la Gaceta Parlamentaria. Les podemos adelantar, sin embargo, que se perfila un rechazo a la propuesta. Una voz autorizada en San Lázaro nos asegura que los 26 gobernadores del PRI y el PRD no la ven con buenos ojos. Es de esperarse, en consecuencia, que diputados y senadores de esos estados reciban línea para modificarla.

Los detractores de la iniciativa consideran que busca fortalecer el centralismo
y que hace a un lado a las autoridades y gobiernos locales. “El sistema de seguridad vigente, en el que todos son empleados del Ejecutivo, se mantiene intacto”, nos dijo la voz.

Uno de los puntos críticos es el relativo al fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Publica que, aseguran, fue diseñado para repartir recursos a gusto del Ejecutivo, y no para elaborar estrategias de seguridad pública.

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Una buena: Habrá pensión vitalicia para los familiares de los deudos directos de quienes fallecieron por el doble atentado terrorista en Morelia, y para los que sufrieron amputaciones que no les permitan trabajar. Los hijos de las victimas serán becados hasta que terminen sus estudios, de acuerdo al decreto firmado el pasado martes por el gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy.
El mandatario michoacano, por cierto, se reunió ayer con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para promover más recursos para la entidad en el 2009. Un abanico plural de legisladores arropó al mandatario a su paso por San Lázaro. Iban con el José Ascensión Orihuela, PRI; José Luís Espinosa Piña, PAN. Además, obviamente, de los perredistas.
Le preguntamos al gobernador Godoy sobre las críticas que se le han hecho por no haber reforzado la seguridad la noche del Grito en Morelia, a pesar de que hubo amenazas para el desfile del 16 de septiembre. El mandatario reviró incómodo: “Claro que hubo previsión, estábamos preparados para el 16 y también nos preparamos para el 15…”.
Sin comentarios.
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Otro que estuvo muy acompañado fue el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza. A su informe de gobierno asistieron Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI; el senador Manlio Fabio Beltrones, el diputado Emilio Gamboa, pero también Gustavo Enrique Madero, presidente de la Cámara de Senadores; y Cesar Duarte, su par en la Cámara de Diputados. Los dos últimos aspiran a la sucesión de Reyes Baeza.

Chihuahua es una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado. Encabeza la macabra lista de ejecutados, con más de mil en el 2008. “Es el año mas difícil que ha vivido el estado”, reconoció el mandatario durante su Informe. Aseguro, sin embargo, que su entidad “está de pie.”
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Otra buena. Nueve instituciones públicas y privadas recibieron el Premio Nacional de Calidad en Salud, por su prestación de servicios “con calidez y trato digno”. Destacan, entre estas, el IMSS, el ISSSTE; PEMEX; y la Clínica Vitro. Enhorabuena.

Y la reforma va…

La Comisión de Energía de la Cámara de Senadores ya tiene listo el dictamen definitivo para la reforma energética. Lo someterán al pleno para su discusión y aprobación, en su caso, en la primera quincena de octubre. El documento poco tiene que ver con la propuesta enviada al Congreso por el Ejecutivo en el mes de abril. “Es un dictamen sorprendentemente light”, ilustró una fuente parlamentaria del azul.

Por lo pronto, les podemos adelantar que refinación, transporte, y almacenamiento seguirán operando como hasta ahora. Es decir, no habrá una mayor apertura al dinero de los particulares en esas actividades. El senador del PRI, Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, confirmó lo arriba escrito.

La fuente precisó que los consejeros de PEMEX, a propuesta del Ejecutivo, tendrán que ser ratificados por la Cámara Alta, al igual que los integrantes del Consejo de Energía. El período de transición para que la paraestatal adquiera autonomía plena será de ocho años, y no de 12, como se planteaba inicialmente.

Hay un punto, sin embargo, que se perfila como muy controvertido. Es el que tiene que ver con lo que el senador pejista Ricardo Monreal define como “modalidad en los contratos de riesgo”. El zacatecano adelantó que Andrés Manuel López Obrador no va a aceptar el dictamen. “Te puedo garantizar que habrá movilizaciones”, dijo.

Labastida niega rotundamente que se trate de “contratos de riesgo”, en los que el inversionista privado comparte riesgos y ganancias en la exploración, por ejemplo, de las aguas profundas. Es un “régimen particular”, que tiene que ver los rápidos cambios tecnológicos que hay en la industria, pero también con los contratos a largo plazo de PEMEX, dijo el priísta.

El ex candidato presidencial no duda, sin embargo, que, venga como venga el dictamen, el legítimo saldrá a la plaza pública a decir que es una reforma privatizadora. Sabe que adelitos y adelitas saldrán a la calle a protestar. “Dónde te lo firmo…”, preguntó mordaz.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, hizo también su diagnóstico sobre la reforma energética: “Va muy bien”.

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Vaya alboroto que armó en el Senado a decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar procedentes los 42 amparos contra la reforma constitucional electoral, interpuestos por intelectuales y organismos empresariales.

Los legisladores sienten que los ministros se excedieron en sus facultades. “No puede un poder constituido revisar un poder constituyente; esto es gravísimo”, se quejó el perredista Monreal, quien anunció que promoverá un “extrañamiento” del Congreso a la SCJN.

A la derecha del tablero político nacional están igualmente indignados. “Es un golpe de estado técnico”, calificó, ni más, ni menos, el senador del PAN, Ricardo García Cervantes. El coahuilense prepara con minuciosidad la intervención que sobre el tema subirá a la tribuna el próximo jueves, y que promete sacudir conciencias.

Otro panista, Santiago Creel, quien se entrevistó la víspera con algunos de los integrantes de la Suprema Corte, estimó que la decisión de los ministros tiene que ver más con la intención de revisar los procedimientos, que con la intención real de otorgar los amparos.

Algunos legisladores, por cierto, manifestaron su extrañeza por el voto a favor de los amparos de Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente, y del ministro José Ramón Cossio. Les habían dicho que irían en contra. “Le tuvieron miedo a gente como Héctor Aguilar Camín”, concluyeron.

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El consejero electoral Marco Gómez, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, rechaza que las multas al PRD por el plantón de Reforma y la ocupación de la tribuna de la Cámara de Diputados; al PAN, por el envío en 1995 de un millón de tarjetas navideñas por el entonces candidato Felipe Calderón en plena tregua electoral, o al PRI por violar esa tregua, se impongan tardíamente o contribuyan a la polarización del país.

“La labor del IFE es cumplir con la Ley. No podemos dejar de sancionar a los partidos por pura prudencia política”, dijo. El consejero recordó que en el 2006, el Instituto actúo con prudencia “y se nos acusó de omisiones”.

Abundó: “En cuanto a la tardanza, no hay que perder de vista que el Instituto viene de largo un proceso de recomposición y que en esas condiciones era prácticamente imposible cerrar el proceso del 2006….”

Gómez negó las acusaciones de que la decisión del IFE viola el derecho de manifestación, o que se sancione a los diputados que tomaron a tribuna. “se castigan las omisiones de los partidos”, dijo.

Solicitó que citáramos el artículo 3, inciso b, del Cofipe, para entender las sanciones aprobadas. Dice textual: son obligaciones de los partidos políticos: Abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto, o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.”