“No apuesto la vida por el cargo”.

El mensaje llegó de primera mano. Josefina Vázquez Mota nos mandó decir con uno de sus colaboradores que “no apuesta la vida” por el cargo de coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara baja. Si llega que bueno, y si no buscará ser una “buena diputada”. ¿Estará resignada o muy segura?

En donde están nerviosos y a la defensiva es en el entorno de César Nava. Le adjudican a Vázquez Mota las versiones de que el hombre ya está descartado para coordinar el grupo. Juran que el presidente de la República – el mero jefe del panismo-- no ha tomado aún la decisión sobre el sucesor de Héctor Larios. “No ha pedido nada, quien tiene que pedir…” nos dicen.

Aquí publicamos que sólo Vázquez Mota y Francisco Ramírez Acuña tienen posibilidades. A Nava lo dan por muerto. Podemos asegurar que la versión no la difundió la ex titular de la SEP, sino alguien muy cercano al presidente Calderón. ¿Algo ha de saber no?

En la agenda del CEN del PAN no está -- por el momento –la discusión sobre quien será el próximo coordinador parlamentario. La cabeza de Germán Martínez anda en otro lado: las elecciones intermedias del 5 de julio. Hay un foco rojo para los azules: Nuevo León. Fernando Elizondo, candidato a gobernador, se les cae estrepitosamente.

“No hay nada decidido. Hay liderazgos potentes. Josefina, por supuesto, es una posibilidad. Tiene todas las cualidades. La próxima legislatura es muy importante. El presidente del partido tendrá que ir al objetivo superior: un grupo unido, fortalecido, para acompañar al presidente Calderon en sus políticas públicas”, dijo Héctor Villarreal, vocero del blanquiazul.

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A la hora que usted lea esta columna, la PGR ya habría solicitado el arraigo por 40 días de las 28 personas –entre ellas 10 alcaldes, un juez y altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy – que fueron “presentadas” en la Siedo bajo cargos de protección al cártel de La Familia. Y ciframos en 28 el número de los “presentados”, porque se agregó al grupo Abel Salazar Gómez, el ex síndico de Lázaro Cárdenas.

El PRD se ha quejado en todos los foros de que el gobernador Leonel Godoy no fue informado del sorprendente operativo. Sienten en ese aspecto hubo trato diferenciado con el mandatario panista de Morelos, Marco Adame. En la PGR afirman que ninguno de los dos fue informado. “No se les avisó por la secrecía de la información”, afirman La diferencia es que en Michoacán, los presentados no reportaron al gobernador porque eran de distintos partidos. ¿Y los del PRD tampoco reportaron?

A Godoy le pega políticamente el tema. Al PRD también. Lo saben. Ya tenían encima la fuga de 53 reos en Zacatecas. Por eso se convocó de urgencia, ayer, a la Comisión Política y los gobernadores amarillos. Les urge un plan de control de daños.

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El primer obús en esta guerra en el internet que se libran el PAN y el PRI lo lanzó Germán Martínez. El jefe panista acusaba a los del tricolor de aprobar las leyes requeridas para la cruzada contra el crimen organizado que requería el presiente Calderón. Hasta insinuaba complicidades de viejo partido con el narco.

En esos días de primavera, parecía que el gobierno y su partido tenían prisa de contar con el arsenal de leyes que es facilitara enfrentar el monumental reto. Pero la prisa no era tanta.

La Ley de Extinción de Dominio, para confiscar los bienes del crimen organizado, y la Ley para Combatir el Narcomenudeo, la del Tráfico de Armas; La Ley para la Policía Federal fueron aprobadas por el Congreso el pasado mes de abril. Ya pasó casi un mes y no han sido publicadas en el Diario Oficial. Por lo tanto, no han entrado en vigor.

Pero aún. Otros 35 decretos aprobados para palear los efectos de la crisis económica y revertir el daño al turismo provocado por la propagación del virus de la influenza humana tampoco han sido publicados por el Ejecutivo.

Los priístas ya reaccionaron. Llevaron a la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que hacen un “severo extrañamiento” a Calderón por el retraso. El PRI, además, va a colocar en internet un video en el que aparece el diputado Marco Bernal, líder de la CNOP, en el que recrimina al primer mandatario el tortuguismo para publicar las leyes.