El caso Atenco divide a la Corte

Otra vez la Suprema Corte de Justicia estará en la encrucijada. La Primera Sala resuelve hoy, en una sola sesión, la suerte de las doce personas que permanecen detenidas por los disturbios de San Salvador Atenco, en el 2006. Nueve de ellos tienen un pie en la calle.

Su libertad será votada en forma unánime, adelantan fuentes de primer nivel del máximo tribunal

Pero el caso de los tres restantes, Ignacio del Valle, Héctor Galindo, y Felipe Álvarez, tiene divididos a los ministros de esa Sala. Cada uno fue sentenciado a 67 años y seis meses de prisión, por “secuestro equiparado”.

El ministro José de Jesús Gudiño, presidente de la Primera Sala, favorece abiertamente el llamado “amparo para efectos”, según las fuentes consultadas. Es decir, que a estas tres personas se les dicte una nueva sentencia.

Pero otros dos ministros de la Primera Sala, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, se inclinan por la liberación de los doce detenidos. Cuestionan, por inconstitucional, el término “secuestro equiparado”. Los dos ministros restantes de esa Sala, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío, no se han pronunciado.

La presión para soltarlos es más fuerte que nunca. Apenas hace unos días, ocho de los 11 ministros de la Corte fueron linchados en la plaza pública por el fallo que exoneró a Molinar, Karam y Bours de “responsabilidad” en la tragedia de la guardería ABC. Los ministros tienen muy claro que volverán a ser crucificados, si no fallan la liberación de los doce “presos políticos”.

Frente al edificio de la Corte, ya están plantados pobladores de Atenco. Los desplegados de los activistas están a la orden del día. Una premio Nobel de la Paz, Jody Williams, amenaza incluso con no volver a México, si la SCJN no repara el daño a los presos y a las mujeres presuntamente violadas en esos disturbios. (Excélsior, 29-06-10) Williams estará en la sala para presenciar el debate, nos aseguran.

El artículo 259 del Código Penal para el Estado de México dice que una persona que retenga a otra en calidad de rehén, bajo amenaza de causarle daño a él o a un tercero, con la finalidad que la autoridad realice un acto de cualquier naturaleza, comete “secuestro equiparado”.

De acuerdo a documentos de autoridades ministeriales, que examinaron los ministros, la historia es la que sigue: el 6 abril del 2006, cinco funcionarios de la secretaría de Educación del gobierno mexiquense fueron retenidos, contra su voluntad, en el estacionamiento del edificio de la dependencia. “El lugar fue rociado con gasolina. A los rehenes los amenazaron con prenderles fuego. Les amarraron cohetones a la cintura; varios sujetos blandían sus machetes, aparentando estar afilándolos para una acción final de muerte contra los rehenes”, narra el texto.

Del Valle exigió que se presentara el titular de Educación del gobierno de Enrique Peña Nieto, a cambio de la libertad de los rehenes. El de Atenco hizo contacto con el citado funcionario, vía celular, y logró que le firmara un documento en el que se comprometió a dar respuesta a sus demandas. El documento, que hoy se exhibe como prueba contra los inculpados, se lo enviaron a Del Valle en helicóptero. Eso motivó la liberación de los rehenes. Álvarez, quien portaba una llave de cruz para amedrentar a los rehenes; y Galindo, participaron activamente en el “secuestro” de los funcionarios. Los tres niegan los cargos y presentaron pruebas de descargo, que fueron rechazadas.

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La paciencia de los priístas está agotada. La ejecución de Rodolfo Torre Cantú es la gota que derramó el vaso. El durísimo discurso pronunciado ayer por Beatriz Paredes es reflejo de la irritación de existe en las filas del tricolor. No lo vamos a retomar aquí para explicar lo que está a la vista: las divisiones en la clase política.

Nos quedaremos con un axioma que mencionó la tlaxcalteca: “Más que declaraciones, discursos, debates, los mexicanos necesitan que la estrategia de seguridad sea eficaz, las familias quieren recuperar la tranquilidad.” ¿Alguien lo duda?

Uno que ayer echaba chispas era el diputado Humberto Lepe, hombre de confianza de Beatriz. Alarmado por las numerosas quejas sobre amenazas a los candidatos del PRI que recibía, en su calidad de coordinador de delegaciones, pidió a su colega, Rubén Moreira, integrante de la Comisión Permanente, que llevara a la tribuna del Congreso un exhorto al Ejecutivo para reforzar la seguridad de los contendientes. El exhorto fue aprobado pero “ni caso le hicieron”, se quejó el legislador.

30 de junio