El Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, anda con “semblante de preocupación”. Así lo describen legisladores que lo han visto recientemente en reuniones privadas. Los testimonios coinciden: Los apuros del general tienen que ver con el desgaste que ha sufrido el Ejército en su ya larga lucha en contra del crimen organizado.
El general Galván está conciente de que las recomendaciones de la CNDH a los verdes se han multiplicado desde que salió a las calles a combatir frontalmente a los carteles de la droga. Pero también que la imagen de las fuerzas armadas ya no es tan positiva entre la ciudadanía.
Le duelen las versiones que señalan que la Marina Armada efectuó el operativo en el que falleció el capo Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, porque hay sospechas de que los narcos infiltraron a los suyos. “Le preocupa, sobre todo, la dispersión del Ejército en el territorio nacional”, nos dijo uno de los senadores del PRI que estuvo presente en el cónclave realizado en las oficinas del general, el pasado lunes.
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Desde hace tres años, los soldados andan en una lucha que no les corresponde. No son policías, no fueron entrenados para eso. Peor aún. Su incursión en la guerra frontal contra las poderosas bandas del crimen organizado carece de un marco legal que ampare a la institución.
El general Galván ha pedido hasta el cansancio reformas a la Ley, para que después no los acusen de actuar fuera de ella. Pide que esas reformas permitan al Ejército participar en las investigaciones, en los interrogatorios, a fin de optimizar resultados. “Esas reformas son la verdadera urgencia que tiene el país, y no la política”, comentó, mordaz, el senador del PRI.
Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, ya le entregó al secretario Galván un proyecto de decreto para proporcionar a las fuerzas armadas ese marco legal. La idea es que sea solo temporal, nos explica el senador del PRD. Al vencer el plazo, los soldados regresarían a los cuarteles. “¡Conózcalo!”, pidió el perredista al militar. ¿Y qué le respondió? Preguntamos a Navarrete. “Nada, uso un lenguaje corporal”, repuso.
Navarrete, por cierto, comió ayer en el Club de Industriales con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Le entregó una propuesta sobre seguridad, a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para convertirla en Ley.
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Los anti aliancistas en Sinaloa, encabezados por el gobernador Jesús Aguilar Padilla, avanzan en su propósito de evitar que Mario López Valdés abandere una amplia coalición opositora local. El propio senador del PRI, quien encabeza las preferencias electorales en la entidad, nos dijo ayer que las posibilidades de que sea el candidato de la alianza se han reducido del 70-30, la semana pasada, a 40-60. Los panistas locales traen una dura campaña de golpeteo en su contra y no solo le piden que renuncie al PRI, sino a sus vínculos con el ex gobernador, Juan Millán, pero también que se convierta en adherente del azul. Pero Malova está muy claro: “Si voy es como candidato ciudadano”, nos dijo.
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A Francisco Ramírez Acuña no le gustó que en el entorno de Josefina Vázquez Mota se sugiera que hubo complicidad con el PRI en la licencia negada a Cesar Nava. Su vocero, Juan María Naveja, nos envió una carta en la asegura que la votación del punto de acuerdo se desarrolló conforme al reglamento. “Por ningún motivo se acepta que haya habido (por parte) del Presidente de la Mesa Directiva una actitud de complicidad o que se haya prestado al juego de los priístas. La conducción de la sesión fue con respeto y total aplicación de la Ley.
La carta hace evidente la molestia del jalisciense con Josefina. Recuerda que a la petición expresa del diputado José Ramón Martell, PRI, y Pablo Escudero, PVEM, para que se realizara la votación nominal que echó abajo la licencia de Nava se sumaron algunos diputados del PAN. “El trámite normal es en votación económica, y al momento de realizarla no estaba el número suficiente de legisladores de la bancada panista para lograr la mayoría”, destaca.
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