Noticias de sobresalto.

Antonio Soto despertó ayer muy temprano con una noticia de sobresalto. Le avisaron por teléfono que Oscar Mario Beteta comentaba en la radio la nota de un influyente periódico nacional que lo vinculaba, junto con otros legisladores michoacanos, con el narcotráfico.

Tan rápido como pudo consiguió el periódico. No le costó trabajo ubicar la nota. Era la principal. “Están diputados bajo lupa”, decía la cabeza. Buscó la fuente. Encontró un parapeto: reportes de inteligencia. “El primer sorprendido fui yo”, cuenta el diputado del PRD.

El teléfono comenzó a sonar. Le llamaban y hacia llamadas sin cesar. El asunto era grave. “Me indigna que pongan mi nombre. No se vale manchar sin pruebas. Me afecta políticamente. Tengo aspiraciones de ser gobernador”, reconoció el legislador amarillo. Sabe que a golpe dado, ni Dios lo quita, pero aún así está dispuesto a someterse a un detector de mentiras.

El ex presidente estatal del PRD, dos veces alcalde de Tumbatio, sospecha que la “filtración” la hizo el gobierno federal. Ya promueve que en la próxima sesión de la Comisión Permanente se suba un punto de acuerdo para exigir que se presenten pruebas de las acusaciones.

Soto es presidente de la Comisión Especial para Vigilar el Uso de los Recursos Públicos, que investiga el supuesto soborno al Diario de Yucatán que habría intentado el ahora ex director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez. El priista José Asunción Orihuela, otro de los diputados que están “bajo la lupa”, también pertenece a esa comisión. “Esto tiene que ver con lo de la Lotería Nacional”, concluyó el perredista.

El priista Chon Orihuela se declara también sorprendido e indignado. Pide que si las autoridades federales tienen alguna acusación en su contra, lo hagan a través de las autoridades competentes, y no a través de supuestos documentos internos o reportes de hace dos años.

Antes de colgar, y nomás de paso, Soto reveló que la Comisión que preside investiga a Francisco Ramírez Acuña, candidato panista a diputado federal, por utilizar vehículos y guardias de seguridad del gobierno de su Jalisco natal. “Dice que tiene derecho porque fue secretario de Gobernación, y porque los del Estado Mayor son muy caros”, subrayó, mordaz, el perredista.

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El rechazo de la solicitud de licencia a Benjamín González Roaro no es un golpe directo al diputado del PAN, sino en contra de Elba Esther Gordillo. El legislador está proyectado para ser el cuarto director consecutivo de la Lotería Nacional vinculado con la maestra.

Esta vez, sin embargo, la oposición encontró la manera de obstaculizar, por lo menos momentáneamente, que la institución de asistencia pública vuelva a “escriturarse” -el término es del perredista Juan Guerra—a la presidenta del SNTE.

En lo que va del sexenio de Calderón, el cargo lo han ocupado Tomas Ruiz, Paco Yañez y Miguel Ángel Jiménez. Todos traen el fierro de la maestra. Dicen perredistas y priistas que es parte de la cuota que paga Felipe Calderón a la sindicalista “por apoyos prestados en el 2006”.

González Roaro es un legislador serio. Nadie duda que esté calificado para dirigir la Lotería. El problema es otro: lo que sus predecesores han dejado atrás. Miguel Ángel Jiménez salió en medio del escándalo que ocasionó el supuesto intento de soborno al Diario de Yucatán para respaldar a los abanderados del PAN en Campeche.

El desaseo mayor, sin embargo, no parece haber ocurrido en las semanas que Jiménez estuvo al frente, sino en las administraciones precedentes. Lo mejor para González Roaro es que las cuentas de la Lotería queden claras antes de llegar al cargo, o corre el riesgo de terminar como “tapadera”.

Hablamos ayer con el diputado sin licencia. Nos aclaró que no tiene el nombramiento, ni ha tomado posesión. Prudente, evadió hacer declaraciones. “No voy a hacer comentarios, respetaré el proceso legislativo”, dijo.