¿El orgullo de mi nepotismo?

Nos cuentan que entre los personajes que encabezaron ayer la irrupción de trabajadores sindicalizados en el recinto de la ALDF, para exigir un incremento salarial, figuró nada menos que Maria Antonieta Hernández García, madrastra del secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama.

Maria Antonieta ilustra muy bien la doble moral de ciertos perredistas de “línea dura”, con los demás, pero elástica, con ellos mismos. A esta columna llegó la ficha laboral de la esposa de Batres papá. A continuación la reproducimos para que usted, lector, haga su propio juicio.

La señora Hernández García ingresó a la Asamblea el 1 de octubre de 1997, cuando su hijastro, Martí, era presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo. Era ya la pareja del señor Cuauhtémoc Batres Palacios, a quien puso como beneficiario del SAR y de su seguro.

Desde entonces ha estado adscrita con diputados que pertenecen al grupo del actual secretario de Desarrollo Social de GDF. En el momento de su contratación, dice la ficha, fue asignada a la Comisión de Gobierno, que entonces encabezaba su hijastro. Posteriormente fue trasladada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Francisco Chiguil Figueroa, obradorista de hueso colorado.

En la actualidad se desempeña como secretaria del diputado Ramón Jiménez López, cercano al vicecoordinador Agustín Guerrero, quien no oculta sus intenciones de destituir al actual jefe de la bancada perredista, Víctor Hugo Círigo, integrante de la Corriente de Los Chuchos.

No encuentro explicación que justifique que un dirigente político que presume de una moral intachable se preste a este tipo de maniobras para beneficiar a un familiar. A lo mejor nos sale el buen Martí como en su tiempo lo hizo el ex presidente José López Portillo con su hijo José Ramón, y nos dice que su madrastra es “el orgullo de su nepotismo”.

Porque eso si. Está muy claro que Maria Antonieta es un soldado del legitimo. En la ALDF aseguran que el alboroto de ayer tiene mucho más que ver con la desestabilización de Círigo que con un problema laboral. La Comisión de Gobierno ya había accedido a otorgar un incremento salarial del 8.5 por ciento –medio punto debajo de lo que pedían los trabajadores—cuando súbitamente dijeron que “nada por debajo del 10 por ciento”.

En el terreno laboral, la señora Hernández Galicia se desempeña como secretaria. Tiene nivel 27ZBA. En el ejercicio 2007 tuvo un ingreso total de 238 mil 794 pesos (19,900 pesos mensuales en promedio.) De ese total, 122 mil 997 corresponden a su salario, y 115 mil 797 al rubro “prestaciones.”

La ficha viene acompañada de una nota en la que aseguran que hay un acta levantada en contra de Hernández Galicia en la Sexta Agencia Investigadora del Ministerio Publico –averiguación número DFCuauht/0E/06/USD01/00750/2001-05C- por agresiones en contra de María de Lourdes Sánchez Téllez, otra sindicalizada. Es decir, también tiene su carácter.
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¿Sabes por qué les dicen “los orquídeos” a Pablo Gómez, Juan Guerra, y Alfonso Ramírez Cuellar? Nos preguntó ayer el senador Graco Ramírez, coordinador de la campaña de Jesús Ortega. Él mismo nos dio la respuesta: “son plantas parásitas, de gran belleza, pero efímera ¡y lo que cuestan….!”
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El Distrito Federal encabezó las “predenuncias” de delitos electorales durante el 2007, de acuerdo al informe anual de actividades que ayer presentó Arely Gómez González, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en el Palacio de Minería.

La capital de la República tuvo 64 denuncias sobre diversas “conductas ilícitas” –condicionamiento de programas sociales, desvío de recursos públicos, alteración del Registro Federal de Electores—seguido de Veracruz, con 45; y el Estado de México, 38. Los que menos denuncias registraron fueron Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, y San Luís Potosí, con 2 cada entidad.

El año pasado se atendieron más averiguaciones previas, en comparación con cualquiera de los periodos respectivos anteriores. Las consignaciones aumentaron en un 283 por ciento; los mandamientos judiciales en un 143 por ciento en relación con el 2006, que fue año electoral, destaca el informe.