Puñetas mentales

José Luis Soberanes no niega que le gustaría llegar a la Suprema Corte de Justicia cuando termine su ciclo como ombusdman nacional, a finales de este año. “Para cualquier abogado sería un honor”, reconoce.

Pero nos hace notar que la decisión de que supla a Genaro Góngora o Mariano Azuela, que este año se jubilan, depende primordialmente del Presidente de la República. “Para que me hago puñetas mentales”, precisa, con elocuencia, el titular de la CNDH.

En breve charla telefónica con este reportero, el ombusdman refuta también las aseveraciones de la PGR, en el sentido que quiere reabrir el trágico caso de la mina de Pasta de Conchos para ganar notoriedad y acrecentar sus posibilidades de ser ministro de la Corte. Una y otra vez repite que nunca ha solicitado que se reabra la peligrosa mina, sino que se haga un estudio.

“Lo que estamos haciendo, junto con algunas ong’s, es buscarle una salida al asunto. Hay que hacer estudios, hay que hacer dictámenes, antes de afirmar que ya no se puede hacer nada (para rescatar los cuerpos)”, puntualizó el defensor nacional de los derechos humanos.

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Algunos gobernadores andan molestos porque el Congreso de la Unión fijó precios referencia a los medicamentos que las autoridades estatales distribuyen en el marco del Programa del Seguro Popular, comentan en altos niveles de gobierno federal.

Los legisladores resolvieron atar los precios a su costo real, luego de que se descubriera que en la adquisición de medicinas para abastecer a los mexicanos más pobres, adquiridas por los gobiernos estatales con proveedores locales, se registraba un sobreprecio promedio de 60 por ciento “Hay casos en que una aspirina que se compra en Puebla a 1 peso, en Michoacán cuesta 40 pesos”, reveló a este espacio la fuente gubernamental.

Un caso que llegó hasta los medios de comunicación locales es el de Jalisco, donde el mismísimo secretario de Salud, Alfonso Gutiérrez, se puso a defender a la empresa Lomedic, proveedora local. El Informador, diario de Guadalajara, reveló a mediados de enero que en el 2008, esta empresa violó los contratos de subrogación del surtido de medicamentos para afiliados al Seguro Popular, al cobrar un sobreprecio de hasta 79 por ciento por los fármaco, equivalente a 129 millones de pesos.

La secretaria de salud argumento que el pago de este “plus” se justifica porque incluye la distribución, almacenamiento, inventario y “entrega personalizada” de 245 diferentes medicamentos, en 490 unidades médicas de ese estado. El escándalo tiene al secretario al borde del desempleo.

De acuerdo a la página electrónica www.seguropopular.salud.gob.mx, el hit parade de los sobreprecios lo encabezan la autoridades estatales de Chiapas, con 84 por ciento. Le siguen Yucatán, 81 por ciento; Jalisco, Hidalgo y Nayarit, con 79 por ciento, cada uno.

A propósito del Seguro Popular: el PAN no cesa de utilizar los programas sociales con fines electoreros. Excélsior publicó ayer una fotografía (página 6) en la que Acción Nacional presume 27 millones de beneficiados con ese Seguro del Gobierno Federal que se financia con recursos públicos. “¡El PAN en pro de tu economía!”, dice el anuncio.

Los herederos de Gómez Morín, quejosos cuando el PRI utilizaba sus programas de desarrollo social como propaganda política, hoy justifican esta campaña que desarrollan en varias entidades. Argumentan que son logros de un gobierno de Acción Nacional.

El tema de la “politización” del programa del Seguro Popular, operado por las autoridades de los estados, comienza a preocupar. Un alto funcionario federal, vinculado con los programas de desarrollo social, manifestó sus temores de que el ejemplo del PAN cunda entre los gobernadores, quienes también podrían sacar raja electoral de ese exitoso programa. (Ya son 9.1 millones de familias afiliadas.) “El día que lo politicen, le parten la madre al programa”, dijo.

Nos cuentan, por ejemplo que el comité estatal del azul en Guanajuato se rehusó terminantemente a retirar una manta alusiva a los logros del Seguro Popular que había sido colocada frente a las oficinas locales de ese programa gubernamental, a pesar de que funcionarios federales lo solicitaron. Era más fácil retirar la manta, pero fue la oficina del SP la que tuvo que mudarse.

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El IMSS, que dirige Juan Molinar Horcasitas, parece del Síndrome de Sísifo. Luego de que el país entero volteó hacia el Instituto, ganador del concurso “el trámite más engorroso”, comenzó ya la labor para neutralizar la percepción negativa que de ello se derivó.

Molinar anuncio ayer, con bombo y platillo, que el Instituto destinará más de 2 mil millones de pesos para la compra de alrededor de 800 equipos de diagnóstico, en el marco del Programa de Renovación Tecnológica del Servicio de Imagenología en todo el país.