¿Y con quién va a gobernar?

Nadie alcanza a entender los motivos del presidente Calderón para dinamitar sus relaciones con la oposición. La explicación electoral no alcanza para justificar los platos rotos que han dejado el Michoacanazo, en el PRD, y la campana de su fiel escudero, Germán Martínez, contra el PRI.

Y es que en el mejor de los escenarios –para Felipe-- Acción Nacional quedaría como primera minoría en la Cámara de Diputados, a partir del primero de septiembre de este año. La diferencia es que la próxima legislatura se instalaría con un PRI agraviado y dispuesto a cobrar facturas, y con el ala moderada del amarillo defraudada por el operativo que hizo ver mal a los gobernadores “colaboracionistas”.

En el peor escenario, el PAN pasaría a ser segunda fuerza en San Lázaro y el gobierno federal quedaría en una posición de extrema debilidad para enfrentar lo que se viene: la agudización de las dos crisis, la económica y la de seguridad. Felipe tendría que lidiar con el descontento de la población con el riesgo consecuente en el 2012. La gran pregunta aquí es ¿con quién va a gobernar en el segundo trienio?

“El presidente juega con fuego. Esto se le va a convertir en un boumerang”, considera Carlos Navarrete, jefe de la bancada del PRD en el Senado. El legislador nos confirmó la irritación que hay entre los gobernadores del amarillo por la secrecía del operativo –no le avisaron al gobernador-- pero también por la forma como el Ejército y la policía entraron a Palacio de Gobierno en Michoacán.

Hay quien piensa que Felipe se guarda un as bajo la manga y que lo va a sacar antes del 5 de julio. Los sospechosistas le ponen nombre y apellido a esa carta, que ya tienen en su mano, y que le daría al presidente no sólo impulso nacional, sino prestigio internacional: Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

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Más allá tono conciliador que mostró ayer el primer mandatario, los opositores están convencidos de que la agresiva estrategia contra los dos partidos, que atribuyen al mítico consultor español, Antonio Sola, ha sido aprobada por Felipe. A Germán solo le asignan el triste papel de “muñeco del ventriloco”.

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Por cierto que en el programa del Teacher Joaquín López Dóriga, en Radio Formula, Germán lanzó graves acusaciones al gobernador priista de Nuevo León, Natividad González Paras. Habló de “desgobierno” en la entidad; lo acusó de “no hacer la tarea” en la lucha contra el narcotráfico y dijo que eso obligó al Ejército a entrar en Nuevo León.

Peor aún. No tuvo empacho en apuntar que el de Nuevo León es uno de los pocos gobiernos estatales que tienen la “deshonra” de las narcomanifestaciones para pedir la salida de los soldados.

El dato lo corrigió González Paras en la misma emisión. Son ocho los estados donde se han registrado narcomanifestaciones, pero sólo en Nuevo León ha participado la policía estatal para resolver el problema, aseguró. Ya encarrerado, se quejó de que el jefe panista, en una de sus giras a la entidad, anunció que venían “dos o tres golpes” contra su gobierno. “Eso evidencia motivaciones electorales”, completó Natividad.

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Tuvimos acceso a una encuesta telefónica sobre el operativo en Michoacán, realizada por el PRD para consumo interno. Fue levantada en seis municipios del estado, entre ellos Morelia. Van los resultados: El 58 por ciento lo justifica, contra un 18 por ciento que lo desaprueba; un 56.3 por ciento considera que tiene tintes electorales, contra un 34 por ciento que dice lo contrario; un 44.3 por ciento estima que las personas implicadas, entre ellas una decena de alcaldes, quedarán libres al final del arraigo.

Algunas respuestas sorprenden, y deben de ser motivo de reflexión en el PRD. Casi dos de cada tres encuestados (64 por ciento) dicen que estuvo bien que no le avisaran a Leonel Godoy. Dicho de otra manera, desaprueban la queja de su gobernador.

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Los que antes eran denunciados, hoy son los que se quejan. El PRI de Oaxaca interpuso ante la Fepade una queja formal contra de Ernesto Cordero, titular de la Sedesol, y el delegado de la dependencia en la entidad, Huberto Aldaz Hernández, por utilizar recursos del programa “70 y más” para favorecer a candidatos del PAN en la entidad.