El martes negro del SME

Fue un “martes negro” para el Sindicato Mexicano de Electricistas. La Controversia Constitucional para echar abajo el decreto del Ejecutivo por el que desaparece la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, fue desechada por los diputados.

Sus promotores, Francisco Hernández Juárez, legislador del PRD, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, no lograron juntar las 251 firmas que se requerían para que la Cámara de Diputados presentara ese recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

Los electricistas inconformes lograron el respaldo de sólo 132 diputados, de los 500 que integran ese órgano legislativo, según cifras del también dirigente del sindicato de telefonistas. 65 fueron del PRD, 45 del PRI –entre ellos la cenecista Beatriz Paredes-, 12 del PT, 6 de Convergencia, 3 de Nueva Alianza y uno del PVEM.

La noticia regocijó a muchos críticos de ese sindicato. Está de moda pegarle. La desaparecida Compañía Luz y Fuerza nunca tuvo el respaldo de grandes sectores de la población. Los años de mal servicio, de cobros indebidos, de agravios a los consumidores ahora se le revierten

Súmele todo lo que ha salido en los medios sobre los privilegios de los integrantes del SME. Cierto o no, la percepción en la opinión publica es los trabajadores de Luz y Fuerza eran algo así como la “clase alta” del proletariado , y sus lideres sindicales, unos bribones. A Martín Esparza

El conflicto social, sin embargo, debe analizarse con serenidad. La situación de los electricistas que no aceptaron la liquidación “copeteada”, entre comillas, que les ofreció el gobierno federal, están hoy en una situación de precariedad. No han cobrado desde hace semanas, y ya hay signos de desesperación. No se les puede juzgar por haber escogido la ruta más difícil

Son alrededor de 17 mil trabajadores, si nos atenemos a las cifras oficiales; 17 mil cabezas de familia que se quedaron sin sustento, de la noche a la mañana. Se les está empujando hacia la radicalización. No son pocos, por más que la propaganda oficial pretenda minimizarlos.

Achicarles los cauces legales para que se defiendan es enviarlos a la calle a protestar, a manifestarse, a realizar plantones o, como ya lo vimos con las mujeres, recurrir a medidas extremas, como la huelga de hambre. El gobierno federal no puede cerrar los ojos y esperar que las cosas se pudran. Está obligado a operar con mayor efectividad, y ofrecerles una salida decorosa.

Por lo pronto, Javier Lozano ya dio marcha atrás en sus advertencias de que los que no acudieran por su liquidación antes del 13 de noviembre pasado, tendrían que esperar hasta que se resolvieran los amparos para ver dinero. El secretario del Trabajo anunció una segunda etapa en las indemnizaciones, pero con solo el 70 por ciento del bono de compensación que recibieron los que aceptaron su liquidación en la primera etapa.

Habrá que ver si la medida es suficiente para que los aguerridos sindicalistas se desmovilicen o si, como predice el diputado Gerardo Fernández Noroña, “la lucha proseguirá en la calle, hasta tumbar a Calderón”.