El sucesor de Ugalde

Luís Carlos Ugalde no se arrepiente de haber salido a los medios a defender la autonomía del IFE, aunque eso haya inclinado definitivamente la balanza a favor de su remoción. “Si no lo hago, me hubiera sentido de la chingada”, nos confiesa el consejero presidente del Instituto.

Anatemizado por el PRD, enfrentado con el PRI, abandonado por el PÄN, Luís Carlos sabe que fue moneda de cambio en la negociación de la Reforma Fiscal. Ya está resignado a su suerte. Desechó incluso la posibilidad de defenderse ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como se lo han aconsejado abogados amigos suyos.

El hombre no tiene empacho en reconocer que la reforma electoral contiene avances importantes. Menciona uno: haber roto el vínculo comercial campañas-televisoras. Ugalde opina, sin embargo, que debió negociarse un esquema mixto: 80 por ciento de la publicidad electoral a los tiempos oficiales, y 20 por ciento a tiempos comerciales.

Su anunciada salida, y la de otros dos consejeros, ha provocado en el edificio de Periférico y Viaducto Tlalpan no solo incertidumbre, sino una serie de preguntas y reflexiones pertinentes sobre el futuro del Instituto.

Nadie en el IFE duda que lo más grave es el nombramiento de un contralor del instituto, con posibilidades de reelegirse por seis años. No se necesita imaginación para deducir que ese contralor tratará de quedar bien con quienes lo eligieron –los diputados-- llevándoles “resultados”: escándalos, sanciones… “El tema de la contraloría es veneno para la autonomía del IFE, y para la toma de decisiones difíciles”, vaticinan
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La primera “decisión difícil” es la quema de las boletas electorales que ordena la Ley. ¿Los nuevos consejeros cumplirán con el procedimiento? En el IFE están convencidos de que no. Llegarán respaldados por el PRD, y no van a enterrar lo que el amarillo considera un “fraude”.

Otra pregunta sin respuesta: ¿Qué va a pasar con la investigación sobre los 281 mil spots no reportados por los partidos? Ugalde ya no estará en el IFE cuando se resuelva el asunto. ¿El nuevo Consejo se atreverá a imponer multas de cientos de millones de pesos a los partidos que violaron la Ley? Lo ven difícil.


Un asunto lleva al otro. En el Instituto se preguntan que pasó con el anunciado escalonamiento de los magistrados del TEPJF. “Estaba cantado y de repente ya no se habló más”, recuerdan. No pueden evitar la sospecha de que los partidos pudieron haber negociado que los ministros les dieran tregua, con las violaciones al Cofipe, a cambio de olvidarse del escalonamiento.

El sucesor de Ugalde es tema aparte. Algunos consejeros están convencidos de que Jorge Alcocer, arquitecto de la reforma electoral, quiso hacerse un “traje a la medida” para ser el mero mero. Pero el ex presidente de la desaparecida Fuerza Ciudadana tiene un impedimento legal. El articulo 76 del Cofipe menciona, entre los requisitos para ser consejero presidente, no haber dirigido un partido político. ¿Van a cambiar la Ley para elegir a Alcocer? Preguntan.

Otro candidato que se menciona es Diego Valadez. El ex procurador, sin embargo, es visto con desconfianza por los consejeros que se quedan. No olvidan el papel que el maestro jugó a favor del vergonzoso y abortado episodio del interinato. No creen que sea el idóneo para asegurar una transición tersa.
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Las cosas se mueven en el PAN. El diputado federal Gerardo Priego Tapia renuncio ayer a la Secretaria de Vinculación Ciudadana del CEN. Pero no vaya usted a creer que rompió con Manuel Espino, con quien se le vincula. El legislador iniciará una “campaña de concientización” por todo el país.

Priego denunciará las “alianzas perversas” del gobierno y su partido con Elba Esther Gordillo, y la búsqueda del “poder por el poder” que se ha apoderado de Acción Nacional. Después, en unos 90 días, anunciará su postulación como candidato a jefe nacional “decisión que tengo casi tomada”, nos dice.
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En Convergencia están de fiesta. Ya tienen edificio en el Distrito Federal. Les costó 7 millones de pesos, que financiarán con las prerrogativas legales de ese instituto político en el Distrito Federal. Es el primer edificio que adquiere el partido naranja desde su nacimiento hace ocho años.

Esa es la buena noticia para Dante y sus chicos. La mala es que la reforma electoral, que los naranjas rehusaron respaldar, obliga a los “partidos emergentes” --La Chiquillada diría el Jefe Diego-- a devolver el inmueble, si no conservan el registro. Eso para evitar que se repita el síndrome de los Riojas.