"Como Gabino Barrera..."

Martí Batres ya los tiene “hasta la madre”. Los asambleístas del Distrito Federal --no afines al legitimo-- están dispuestos a legislar para desaparecer la Secretaria de Desarrollo Social del DF, si el operador estrella de López Obrador no cesa de utilizar, con criterios clientelares, los recursos del GDF.

Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, no tiene muchas esperanzas de Martí cambie su actitud. “Es como Gabino Barrera, no entiende razones. Si sigue así le quitamos no solo lo de los viejitos, sino que le desaparecemos la secretaría”, advirtió el asambleísta de Nueva Izquierda.

Batres se rehusó la semana pasada a rendir cuentas ante Asamblea, luego de lo que Círigo calificó de “autocobijazo”. A Marti le aventaron un cobertor y pelotas, por el supuesto reparto de cobijas en Iztapalapa para promover a Encinas. El radical secretario utilizó el incidente como pretexto para no comparecer en Donceles. Los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias en la ALDF le sacaron un desplegado, el pasado viernes, en el que lo acusan de evadir cuentas.

El regreso de la polarización entre el Gobierno de Marcelo Ebrard y diputados de perredistas de Nueva Izquierda en el DF, que encabeza Cirigo, ha desatado versiones de en la Asamblea se promoverán reformas a la Ley Orgánica para que la forma de gobierno sea similar a la de la Cámara de Diputados. Es decir, la presidencia de la Comisión de Gobierno se rotaria cada año entre los partidos mayoritarios. “La idea es evitar que Marcelo, vía sus diputados, tome el control de los órganos de gobierno de la Asamblea”, nos dice otra fuente.
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Van unos datos que nos envió la CNDH, y que ilustran la impunidad que se vive en México en materia de seguridad pública. Se le van a poner los pelos de punta: Sólo una de cada 250 ordenes aprehensión es cumplida; los presupuestos para la seguridad pasaron de 276 millones de pesos a 13 mil 451 millones entre 1984 y 2005 (50 veces mas), pero los resultados, en la práctica, “no han crecido en una proporción que siquiera se acerque a esta”, apunta la Comisión.

Según el INEGI, el número de presuntos delincuentes del fuero común se incrementó 123 por ciento entre 1980 y 2000; en tanto que la población creció sólo un 50 por ciento. Los delincuentes que infringen lesiones a sus víctimas se han incrementado también un 70 por ciento, en el mismo período.

Hay más: cuatro de cada diez mexicanos se sienten Inseguros o muy inseguros en el lugar que viven; mientras que la mitad de la población considera alta o muy alta la posibilidad de ser víctima de algún delito.
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En la CNDH, por cierto, están preocupados por la estridencia que se ha producido alrededor de la postura José Luís Soberanes, titular del organismo, en relación a la presencia militar en operaciones contra el crimen organizado. Al ombusdman le han pegado a diestra por hacer notar que no es tarea del Ejército, sino de la PFP, combatir a los chapos, beltranes, zetas, valencias…

Pero también a siniestra, por reconocer que el retiro de las fuerzas armadas del combate al narco no puede producirse de un día para otro, sin condenar a millones de mexicanos a la indefensión. “En este asunto no cabe ni la complacencia de algunos, ni el rechazo tajante de otros”, nos dicen.

Soberanes está conciente de que, en este momento, la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen organizado es inevitable. Las autoridades han reconocido públicamente que hay zonas del país bajo control de los carteles de la droga (Tamaulipas, Tierra Caliente…) Sin el vigor de los soldados, el crimen organizado podría ver al Estado como un “tigre de papel”, dice el ombusdman.

Sabe también de la necesidad de que, en forma paulatina y prudente, los verdes se retiren de la lucha contra el narco, para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos, como las que se produjeron en Nocupétaro, Michoacán, o en Coahuila.

“Una política de Estado, en materia de seguridad pública, debe pasar necesariamente por el abatimiento de la impunidad, sin desnaturalizar o tergiversar las funciones que competen a cada una de las instituciones y corporaciones encargadas de la seguridad en sus diversos órdenes”, concluye la CNDH.
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Santiago Creel enmendó el error que cometió al picar el anzuelo que le puso López Obrador y aceptar el debate sobre la reforma energética. “No voy a intervenir en un juego para abrirle espacios mediáticos absolutamente a nadie, mucho menos en los tiempos del proceso interno de un partido”, corrigió el senador del PAN, en declaraciones hechas en Cozumel. Dice que habrá debate hasta que haya iniciativas. ¡Brujo…!