Avispero

“¿Y si hay muertos inocentes? ¿A quien van a culpar?” Preguntó indignado el legislador del PRI, Fernando Castro Trenti, al argumentar en contra de que se convierta en Ley la obligación de solicitar la opinión favorable de la Cámara Alta, cuando alguna entidad federativa solicite el concurso del Ejército y la Armada para enfrentar una situación de excepción, como sucede actualmente con la guerra al narco.

El bajacaliforniano recordó que la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución es clara al respecto: Es facultad y obligación del Ejecutivo disponer de las Fuerzas Armada Permanente, o sea del Ejercito, de la Armada, y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior. “El presidente debe asumir sus responsabilidades.”, puntualizó.

La propuesta provocó profundas divisiones entre los senadores de las distintas fracciones parlamentarias. El tema monopolizó las discusiones. Una abrumadora mayoría del PRI, y casi todo el PRD, coincidían con la percepción de Castro Trenti. “Carlos Navarrete y Graco Ramírez son los únicos perredistas que están de acuerdo”, nos dijo el priista.

El PAN, obvio, respaldaba la idea de involucrar al Senado en la movilización de las tropas en los estados. Es uno de los puntos torales de la Ley de Seguridad Nacional, que se dictaminaba anoche en comisiones, y que fue enviada al Congreso para arropar al Ejército y la Marina, en su lucha contra los cárteles de la droga.
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Los priistas no ocultaban su molestia con el presidente Calderón. Repiten que le falta “visión de estado”. No entienden para qué mandó la iniciativa en este momento. “Solo agitó el avispero”, ilustró el priista quintanarroense, Pedro Joaquín Coldwell.

Según los tricolores, el decreto expedido en el 2007 por el Ejecutivo, que se apoya en las facultades que le otorga la Constitución, es suficiente para que las fuerzas armadas, que reclaman con fuerza ese andamiaje jurídico, queden protegidas.

El panorama se complicó al mover las cosas. Los senadores se vieron obligados a incorporar en el dictamen una resolución de la CIDH que se pronuncia por la modificación del fuero militar, para que los delitos del fuero común, cometidos por elementos de las fuerzas armadas durante operaciones para la seguridad interior, sean juzgados por tribunales civiles. “Las resoluciones de los tribunales internacionales son vinculatorias”, recordó el senador del PAN, Santiago Creel
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En Xicoténcatl reconocen que en el Ejército hay irritación por el tema del fuero militar. Los verdes se oponen categóricamente a que tribunales civiles juzguen a los soldados por delitos cometidos en operaciones de auxilio a las autoridades civiles. Insisten que para eso, y no para tapar delitos, están los tribunales militares.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió ayer a la Cámara alta con el compromiso de que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, el Ejecutivo enviará una iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, que habla precisamente del polémico fuero del que gozan las fuerzas armadas.

El perredista Graco Ramirez aseguró a este espacio que la cúpula militar estaría de acuerdo en que delitos sexuales, tortura y desapariciones forzadas sean juzgadas por tribunales civiles. ¿Y los homicidios?
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A raíz de la captura Juan Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, en el fraccionamiento Bosques de La Herradura, en las redes sociales proliferó la versión de balaceras en los exclusivos colegios de El Rosedal y Miraflores. La reacción de las autoridades de Huixquilican, donde se ubican ambos planteles, fue inmediata.

A fin de no dejar vacíos y evitar una ola de pánico como la que se produjo hace siete días en Cuernavaca, donde un narco mensaje convirtió a la Ciudad de la Eterna Primavera en pueblo fantasma, se dio a conocer rápidamente un comunicado en el que el gobierno municipal llama a los ciudadanos a mantener sus actividades en forma normal y no alarmarse ante estos mensajes.

“Hoy en día la sociedad civil cuenta con nuevas formas de expresión a través de las diferentes redes sociales; sin embargo, hacemos un llamado a la prudencia y a la responsabilidad para emitir información que, al no tener sustento, genera inquietud entre las familias de nuestro municipio”, puntualiza le texto.


23 de abril 2010