Nos cuentan que ya hubo un “diferendo fuerte” entre Eduardo Pérez Mota, titular de la Cofetel, y varios diputados, entre ellos el neoleonés del PRI, Ildefonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía, muy cercano a intereses empresariales, alrededor de la famosa Ley Antimonopolios. Los legisladores acusan a Pérez Mota de “querer manejar el destino la Ley” y de buscar convertirse en “el niño del bautizo”.
Lo cierto es que la propuesta, enviada el pasado lunes a la Cámara de Diputados por el Presidente Calderón, trae inquietos a empresarios importantes, no solo de Monterrey, sino del país entero. Plantea castigar con fuertes sanciones económicas (el 10 por ciento de sus ingresos acumulables) y hasta con cárcel, a las empresas que incurran en este tipo de prácticas que perjudican gravemente al consumidor e inhiben el desarrollo nacional, al impedir la libre competencia.
La Secretaria de Economía, que encabeza Gerardo Ruiz Massieu, ya puso a un grupo de expertos a presar asesoría al staff de Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, para defender la Ley Calderón.
En ese “curso intensivo” pidieron, en primerísimo lugar, difundir la idea de que existen 8 instancias, antes de que un empresario pueda ir a la cárcel por prácticas monopólicas absolutas. Y es que los defensores del estatus pusieron a circular la especie de que si llega un populista al poder, al estilo de Hugo Chávez, podría servirse de esta ley para castigar a empresarios “incómodos.”
Hubo otros puntos en los que quieren insistir en la SE: que la propuesta “no lleva nombres, ni apellidos”, y que amplía las facultades de Cofeco –“ponerle dientes”, dijo el presidente Calderón–, pero acota las de su presidente. Los empresarios podrán apelar los dictámenes de la Cofeco, a través del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Ese es el propósito de crear una “sala especial” que conocería de estos temas. Se crearía una secretaria ejecutiva para balancear el poder del presidente de la Comisión Federal de Competencia.
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No cabe duda de que si alguien podía disuadir a José Antonio Rojo de su decisión de contender por la candidatura del PRI al gobierno de Hidalgo, ese es Jesús Murillo Karam, secretario general del partido. La clase política coincide en que el actual senador hubiese podido convertirse en el principal sostén del hombre que desafío, durante 24 horas, al gobernador, Miguel Osorio Chong, y a su delfín, Francisco Olvera, perfilado desde un inicio como “candidato de unidad”.
Rojo se registró el martes como precandidato y el miércoles declinó, después de una reunión con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, el gobernador Osorio Chong, la dirigente estatal, Geraldina García, y el, finalmente, ungido “candidato de unidad” Francisco Olvera, ex alcalde de Pachuca.
“El mejor ex gobernador es el ex gobernador”, nos dijo el martes Chucho Murillo Karam, al reiterar que no se iba a meter en el proceso interno. “Estoy convencido de que habrá candidato de unidad”, adelantó entonces. Y lo hubo.
Una que anda muy contenta por esa decisión es Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la coalición “Hidalgo Nos Une”. Esta convencida de que Olvera es un candidato a modo.
Ayer se daba por hecho que el senador del PRD, José Guadarrama, su único adversario interno, renunciaría a la contienda. La disputa quedaría entre Xóchitl, La Soñadora; y Olvera, el del aparato. ¿A quien le va?
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Muy pocos repararon en la “nota de censura” que incluye la iniciativa para aprobar el Primer Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, presentado por el priista queretano, Jesús María Rodríguez, que pretende sancionar a los funcionarios, secretarios de estado por delante, que no aporten información sobre los alcances del presupuesto que les fue asignado. “La nota de censura se le mandará al Presidente de la República para que corra, por incapaz, a ese servidor público”, precisó el legislador del PRI. ¿Cómo la ve?
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