Los cuarteles están más tranquilos con la Ley de Seguridad Nacional, aprobada ayer en forma abrumadora por senadores de todas las fuerzas parlamentarias, aseguran fuentes que participaron en las negociaciones.
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, tiene motivos para sonreir. Ya tiene en la mano el mango del “paraguas jurídico” que protege a las fuerzas armadas en su violenta lucha contra el crimen organizado (rebasan los 22 mil muertos) sin que, por el momento, se haya tenido que acotar el fuero militar.
Aún falta la Cámara de Diputados, pero la contundencia de la votación en Xicotencatl (105 a favor, 1 abstención del obradorista Salomón Jara; y l en contra del petista Ricardo Monreal) hace preveer que se aprobará sin dificultad.
La iniciativa llegó al pleno del Senado muy bien planchada. En eso, es justo decirlo, tiene mucho que ver el priista Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación.
Las fuentes precisan que las inquietudes de las fuerzas armadas tenían que ver con el tema de la subordinación a las autoridades civiles. El proyecto original los ubicaba como auxiliares. El único comandante en jefe que reconocen es al Presidente de la República. Para conciliar, el dictamen establece que las fuerzas federales se “coordinaran” con las autoridades civiles locales que soliciten su participación.
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Las vueltas que da la vida. Rene Arce, ex guerrillero durante la llamada Guerra Sucia, dio ayer muestra de cómo ha cambiado su percepción de las fuerzas armadas. El senador externo del PRD tomó ayer la palabra en la tribuna de la Cámara Alta para “saldar una deuda personal” con el Ejército. Reconoció que hace tres décadas, para muchos jóvenes guerrilleros, el mejor militar, era el militar muerto.
“Ver a los soldados tomando las estaciones ferrocarrileras para destruir un movimiento, como el que encabezaban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, era muy impactantes; ver soldados en la Plaza de Tlatelolco, disparando; o ver pueblos arrasados en la lucha contra la guerrilla, en Guerrero, en Oaxaca, era algo que podría justificar nuestra concepción acerca del ejército. Con el paso del tiempo, entendimos que los militares obedecían órdenes de los presidentes de la República, que eran civiles.
Arce reconoció al Ejército que, aún obedeciendo órdenes abominables, fue capaz de mantener la institucionalidad y no llevar a México, a situaciones como las que vivieron argentinos, uruguayos, nuestros chilenos.
El dictamen, por cierto, prohíbe específicamente solicitar el auxilio de las fuerzas armadas para sofocar movimientos sociales, políticos o electorales y esta, también hay que decirlo, es aportación del PRD.
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Ahora sí que la senadora Rosario Green tronó contra los racistas que promovieron y aprobaron la “vergonzosa” –así la calificó– Ley SB1070, que criminaliza la inmigración en Arizona.
La ex canciller dejó en el perchero la moderación que la caracterizó en sus años de diplomática, y ahora exige, ni más, ni menos, que los ciudadanos nacidos en ese estado de la Unión Americana no pisen el suelo mexicano, mientras no se eche para atrás el polémico ordenamiento. “Si lo hacen, deben ser regresados de inmediato; llegó el momento de darles el mismo trato, y no quedarnos en bobadas”, puntualizó
La ley antiinmigrante, recién promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer, otorga facultades a la policía de ese estado para detener a cualquier sospechoso de ser ilegal, solo por su aspecto físico, a pesar de que tales procedimientos están prohibidos por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, firmada por Estados Unidos.
La legisladora sugiere, incluso, cerrar la frontera entre Sonora y Arizona, y promover un boicot comercial contra los productos de ese estado. “Pierde tantito Sonora, pero gana México. La dignidad no tiene precio”, recalcó.
Green recordó que no es la primera vez que los gringos sacan leyes antiinmigrante. Se refirió a la 122, en California. Consideró, sin embargo, que la SB1020 no tiene parangón. “Nunca ha habido una ley que viole en forma tan fragrante los derechos humanos, como los entienden los países del mundo”, dijo.
La senadora del PRI se adhirió a la condena unánime que el Congreso hizo de esta Ley, que convierte en delincuentes a más de medio millón de indocumentados, la mayor parte de origen Mexicano.
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