Cobijan al Ejército

Las fuerzas armadas han pedido, en forma reiterada, un andamiaje jurídico acorde con las tareas que desarrollan –y que no les corresponden– en la violenta guerra que mantienen contra el crimen organizado desde hace tres años. Su imagen, otrora impecable, no solo se ha deteriorado, sino que las denuncias por los métodos que utilizan se han multiplicado.
El general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, ha dicho un marco jurídico adecuado daría mayor confianza en el ejercicio de mando, y permitiría actuar con oportunidad y contundencia ante escenarios complejos y apremiantes
Sus llamados parecen haber sido escuchados por el Congreso. La Ley de Seguridad Nacional será dictaminada en comisiones la próxima semana. La intención es que sea el próximo lunes. Sabemos que el dictamen, que ya estaría listo, define que es “seguridad interior”, y en que casos se consideraría trastocada.
Pero también que se va a regular la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución, que faculta al Presidente a disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
El proyecto de Ley establece que el Ejército, la Marina o la Fuerza Áerea se movilizarían a solicitud de un gobernador, un Congreso local, o un integrante del Consejo Nacional de Seguridad; y que se deberá contar necesariamente con la opinión favorable del Senado. ¿Y no van protestar los diputados? Es pregunta.
El texto establece también que las fuerzas armadas actuarían en auxilio de las autoridades civiles competentes que lo soliciten, pero hay quejas de quienes conocen el dictamen, de que la redacción de otros artículos coloca al Ejército y la Marina no como auxiliares, sino en coordinación con los civiles.
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Algunos senadores del PAN no ocultaron ayer la molestia que sentían con su correligionario, César Leal Angulo, cuyo voto en contra ocasionó que el pleno de la Cámara alta aprobara un punto de acuerdo, suavizado, que lamenta el fallecimiento del disidente cubano Orlando Zapata; y llama a las autoridades de la isla para que abran canales de dialogo político y concedan la libertad a quienes se encuentran privados de ella, en razón de sus ideas.
Apenas cerrada la votación –el rechazo se impuso 43-42— Felipe González, ex subsecretario de gobernación y ex gobernador de Aguascalientes, se acercó irritado a su paisano, Rubén Camarillo, autor del punto de acuerdo, para protestar contra Leal Angulo. “¡Que vergüenza! Aquí se impuso el totalitarismo, por el voto de un traidor”, dijo.
Y como en los viejos tiempos, el grupo parlamentario del PRI ayudó con sus votos a que el punto de acuerdo fuera rechazado, a pesar de que retiraron el término “condena” que el documento inicial incluía. La razón de la postura del tricolor la resumió Camarillo en forma sencilla. “Fueron Manlio y sus amigos cubanos”
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Los panistas de Aguascalientes ya respiran más tranquilos. El Poder Judicial de la Federación dejo sin efecto la orden de aprehensión en contra de Martín Orozco, su candidato a gobernador, y eliminó de golpe el impedimento legal para que pudiera registrarse para participar en la elección del 4 de julio.
La orden de aprehensión contra Orozco se basó en la acusación de que adquirió en forma irregular un terreno del municipio en sus tiempos de presidente municipal de la capital del estado. La juez consideró que el panista actuó sin ventaja, y no obtuvo lucro. “Los actos ejecutados fueron en estricto cumplimiento de sus funciones.”, puntualizó
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Muy contenta andaba ayer la diputada local del PRD Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, por el breve intercambio que tuvo con Michelle Obama, la nueva consentida de México, durante a reunión que la esposa del Presiente de Estados Unidos sostuvo la noche del miércoles con un grupo plural de mujeres en Los Pinos. “Hablaron de dos temas que para ellas son prioritarios: Los jóvenes y los niños”, dicen en el entorno de la asambleísta.