Un reclamo a Calderón.

“Vengo a proteger mis derechos humanos, soy un hombre casado”, bromeó el senador del PRD, Arturo Núñez Jiménez, mientras comía con el ombusman, José Luís Soberanes, en el restaurante Pajarés, comedero de políticos y ejecutivos.

En otra mesa, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita charlaba con el alto ejecutivo de Televisa, Javier Tejado Dondé. Muy amigos no so, así que de los cuates, la familia y sus andanzas no charlaban.

Pero hay un tema que puede juntar a personajes tan disímbolos: el establecimiento de criterios de la autoridad electoral para que las dependencias gubernamentales se anuncien en los medios de comunicación. A los concesionarios les urge que se establezcan ya esos criterios.
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La situación de los legisladores panistas de Tamaulipas es dramática. En su estado están a merced de la delincuencia organizada. Viven en un auténtico estado de zozobra. El gobierno federal los tiene abandonados. De eso se quejan.

El caso del diputado Raúl García Vivian ilustra la situación. Unos 10 encapuchados, armados hasta los dientes, se metieron a su casa en Reynosa. Rompieron las puertas, aterrorizaron a su familia, lo amenazaron. “Si sigues chingando, te vas a morir”, le dijeron. Ya mandó a esposa e hijos para el otro lado. No le quedó otra.

La situación lo llevó a escribir una crítica carta que su compañero, el diputado Luís Mejía, leyó el martes ante el grupo parlamentario azul. La misiva es un reclamo por la pasividad del gobierno de Felipe Calderón ante estas agresiones, y una denuncia de que el blanquiazul está “entregado” al PRI. Testigos del cónclave dicen que entre diputados se comentó la linea recibida “desde arriba”: no confrontarse con los gobernadores del tricolor.
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El ombusdman Soberanes fue ponente en el Foro Retos y Futuro de la Libertad de Expresión en México, organizado por la Cámara de Diputados. Propuso la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos, como el existente en Colombia, que determine el grado de amenaza a los periodistas y recomiende medidas de protección para los informadores.

El Comité estaría integrado por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, por organismos de defensa de los periodistas, asociaciones de periodistas y por los gobiernos de los estados y municipios, cuando el asunto sea local. Se le deberá dotar de los recursos presupuestarios para el cumplimiento del Programa de Protección de Riesgos.

“Si bien existe una más amplia libertad de expresión, y los periodistas y comunicadores ejercen ese derecho con más apertura, los riesgos para su ejercicio se están incrementando, lo que ha derivado en un círculo de agresiones que se ha traducido en menos investigación y resultados menos efectivos”, concluyó Soberanes.

El tema de las agresiones a periodistas concierne, en primerísimo lugar, a los gobiernos estatales. Los focos rojos están encendidos en varias entidades del país: Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Distrito Federal.

El diputado Gerardo Priego, organizador del evento, invitó a todos los gobernadores a asistir. Ni uno sólo le respondió. “Ese es el nivel de indiferencia, que acaba por convertirse en complicidad. No quieren ni discutir el tema con la Cámara de Diputados”, comentó el legislador del PAN
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Nos escribe el asambleísta del PRD, Isaías Villa, para denunciar que los diputados “bejaranistas” Agustín Guerrero, Tomas Pliego, Leticia Quezada, y Avelino Mendez votaron en contra de la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, particularmente en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos públicos en los sindicatos.

¿No será porque el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Enrique Hanff Vázquez es cuñado de Guerrero? Pregunta Villa. Y sugiere: “Agustín como que ha querido ocultar algo.”
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Ernesto Cordero ya parece diputado. No sale del Palacio Legislativo de San Lázaro. El titular de Sedesol se ha reunido en los últimos días con la Comisión de Desarrollo Social; visitó a los coordinadores parlamentarios; acudió a comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables, Asuntos Indígenas. “Es una señal de sana apertura”, comentó uno de sus colaboradores.
Fin.