Los Intocables

Lo afirma el diputado perredista Juan Guerra, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales: hubo fuertes presiones de los ministros de la Suprema Corte a todos los partidos para poner a buen resguardo sus estratosféricas percepciones (334 mil pesos mensuales, más un misterioso fondo de ahorro que nadie sabe a cuanto asciende).

La Ley de Salarios Máximos, que presumiblemente será votada por el pleno la semana próxima, no incluye a los once magníficos. Ni a ellos, ni a los magistrados del Trife, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura. Ni siquiera a los consejeros electorales del IFE, cuya avaricia desató el escándalo que obligó a sacar de la congeladora el polémico ordenamiento.

La Carta Magna los protege y nadie parece tener intenciones de ir a una reforma constitucional para acabar con esos privilegios. El artículo 94 establece que la remuneración que perciban no podrá ser disminuida durante su encargo. El futuro ordenamiento incluye, eso sí, a los nuevos ministros y consejeros.

El tema sacó ronchas en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Sus diputados votaron en contra de la Ley en comisiones. Nos reportan que hubo una pequeña revolución en la reunión previa de los diputados azules. A Héctor Larios, coordinador del grupo, le fue como en feria. Hubo legisladores, como Gerardo Pliego, que no bajaron de “ineptos” a los colaboradores del jefe de la bancada.

Y no es para menos. El Partido Acción Nacional quedó como defensor de salarios que lastiman y enfadan a la población. Basta con leer los titulares que el día de ayer aparecieron en la prensa nacional: Frena El PAN topes a salarios máximos, con la ayuda de un diputado del PRI (Raúl Cervantes) Esa fue la tónica.

De buena fuente sabemos que los panistas van a cambiar en el pleno el voto en contra de la Ley de Salarios Máximos, que emitieron el miércoles en comisiones. Irán a favor en el pleno. Lo mismo hará Cervantes, sobre quien pesan fuertes sospechas de ser cabildero de los ministros. “Lo que no puede ocultar es su intención de defenderlos”, puntualizó Juan Guerra.

Cervantes, habil e inteligente abogado, niega defender a los ministros, a cambio de favores. “No he litigado un solo asunto desde que estoy en la Cámara. Afortunadamente no me ha ido mal, no lo necesito”, jura el hombre. Su voto en contra de la Ley lo explica por un apego inquebrantable al orden judicial y a la verdad. “Decían (los perredistas) que los salarios de los ministros eran un insulto y que había que acabar con ellos, a sabiendas de que no se iban a reducir”, puntualizó.

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Al azul se le ponen las cosas color negro en Nuevo León. Rodrigo Medina, joven candidato del PRI al gobierno de la entidad, ya rebasó ampliamente en las encuestas al veterano Fernando Elizondo, abanderado del Partido Acción Nacional.

Fuentes de primer nivel nos dicen que el nerviosismo en las filas del PAN es de tal magnitud, que se aprestan a sacar un obscuro expediente de corrupción a Felipe Enriquez, coordinador de campaña del abanderado del tricolor. “Evalúan cuando y como lo van a hacer público”, precisan las fuentes. En una segunda etapa irían en contra del mismismo gobernador de la entidad, Natividad González Paras.

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La Secretaria de Hacienda se opone rotundamente a que el Banco de México tenga facultades en materia de regulación de tasas de interés. Esa pugna ha retrasado las iniciativas de Ley que buscan fortalecer la institución que dirige Guillermo Ortiz. LO asegura un destacados senador del PRI, quien pidió el off the record (fuera de grabadora).

El problema es serio. Los senadores están conscientes de lo catastrófico que resultaría que las tasas de interés las fijara el Poder Legislativo. “Es como si desde el Congreso se determinara el precio de la tortilla”, ilustró una fuente parlamentaria. Y sin embargo, tampoco están dispuestos a dejar las cosas como están y que los ciudadanos, muchos de los cuales ya están en cartera vencida, sea esclavizados al pago de intereses. Ya hay un ultimátum: Si la SHCP y el Banco de México no se ponen de acuerdo antes de fin de mes, el Senado llevara al pleno la iniciativa para regular las tasas.

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Sigue la diáspora de diputados federales. El priista Eduardo Sánchez se sumó a la larga lista de los que han solicitado licencia para ir en pos de otro cargo de elección popular. Quiere ser asambleísta del DF, por el distrito 20. Está en chino.