Un gringo diferente

Bill Richardson comió recientemente en Chihuahua con José Reyes Baeza. El gobernador de Nuevo México, uno de los políticos demócratas más cercanos al presidente Barak Obama, aprovechó la ocasión para sumarse a la condena general de la Ley antiinmigrante recién promulgada en Arizona.

Este hombre, hijo de mexicana y estadounidense, se declaró “preocupado” por la aprobación en ese estado de la Unión Americana, vecino al suyo, de la polémica Ley, conocida como la SB1070. Sin ambajes la calificó de “discriminatoria”, en entrevista exclusiva con el periodista local, Alfonso López Collada.

A diferencia de la gobernadora republicana de Arizona, entusiasta promotora del discriminatorio ordenamiento, Richardson está conciente de que la SB1070 impacta negativamente las relaciones entre Estados Unidos y México. Espera que el gobierno del Presidente Obama promueva su inconstitucionalidad, apoyado en el hecho que el tema de la inmigración es materia del gobierno federal.

“La Ley es muy negativa para Estados Unidos, para el hispano, para el inmigrante, para las relaciones de México con Estados Unidos. Yo lo que quiero que impulse es una reforma migratoria en la que se legalicen los once millones (sin papeles) que están en nuestro país, no otorgándoles la ciudadanía, sino ciertas oportunidades para quedarse en Estados Unidos”, manifestó Richardson.

Le dijo más a López Collada: “Es importante que aprendamos de este desafío tan negativo que ha hecho el gobierno de Arizona, con la intención de ganar terreno políticamente. Necesitamos incrementar la seguridad en la frontera, pero hay que hacerlo en el marco de la ley, y en cooperación con México.”

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Las autoridades federales y locales de Tamaulipas llevan conjuntamente la investigación del asesinato, en pleno proceso electoral, del candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, Mario Guajardo, su hijo y un empleado. La decisión se tomó luego de que el gobernador de la entidad, Eugenio Hernández Flores, lo pidiera directamente al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; y al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.

“Aunque (la investigación) sea llevada oficialmente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, están sumadas por supuesto las autoridades federales”, dijo el mandatario estatal. En la investigación colaboran también autoridades de los Estados Unidos, ya que es público que el abanderado del azul fue amenazado por integrantes del crimen organizado, tres días antes de su asesinato.

“En Tamaulipas vivimos una situación inédita que nos lastima a todos. Yo, como gobernador, lamento muchísimo estos acontecimientos y he reiterado mi compromiso con la sociedad, para trabajar conjuntamente con el gobierno federal en materia de la delincuencia organizada”, señaló el titular del Ejecutivo Estatal, en un comunicado que dio a conocer ayer.
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Lo llaman ya el Autogate. El papel de Richard Nixon se lo lleva, si no hay más vuelcos, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. La Procuraduría de Justicia de ese estado no tuvo más remedio que devolver los 14 autos Tsuru, y dos autobuses, que habían sido confiscados, con un despliegue espectacular de la fuerza publica, de una bodega particular. Los policías magisteriales atendían una "denuncia anónima" de robo.

Los vehículos fueron entregados a los abogados de Osaka Motors, empresa regiomontana que acreditó su propiedad con las facturas correspondientes. Habían sido adquiridos “en comodato” por el PRI zacatecano, para la campaña de Miguel Alonso Reyes, candidato a gobernador por ese partido.

Peor aún: tampoco se pudo acreditar la versión de que los vehículos forman parte de un “apoyo ilegal” del gobierno de Nuevo León, que encabeza Rodrigo Medina, a la campaña de Alonso Reyes. Un verdadero tropezón que deja muy mal parada a Amalia García y en situación difícil al procurador local, Ambrosio Romero. Un capítulo más de la bochornosa guerra sucia que enrarece el clima electoral.

15 de mayo