Autogoles.

Francisco Labastida Ochoa se mostraba contrariado. El gobierno federal ha enviado al Congreso cinco contrapropuestas a la iniciativa de reforma energética, que no hacen más que meter ruido a los acuerdos alcanzados por los senadores del PRI y el PAN, en materia de reforma energética.

“Quieren meter artículos mañosos, para ver si me apendejo…”, se quejó el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, en charla con el reportero. Son trucos, ardides, burdas estrategias, que llevan la intención de filtrar, en el dictamen final, propuestas del Ejecutivo que abiertamente no pasarían.

El legislador sinaloense ha hablado con Georgina Kessel, secretaria de Energía; y con Jesús Reyes Heroles, director de PEMEX. Pero no pasa nada. Las contrapropuestas persisten. “Pareciera como si quisieran que no saliera nada”, aseveró el senador del PRI, en tono crítico.

Una de esas contrapropuestas, por ejemplo, pretende mantener a PEMEX bajo la férula de la Secretaria de Hacienda, a pesar de que ya se acordó un período de transición, de siete años, para otorgar autonomía a la empresa paraestatal, explicó el sinaloense.

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En el Senado, por cierto, tienen asumido que habrá movilizaciones obradoristas, sea cual fuere la reforma energética que se apruebe. Pero están resueltos a sacarla adelante, sin importar el tamaño, ni la intensidad de estás manifestaciones. Panistas y priístas tienen la mayoría necesaria en el Congreso para aprobarla.

Los últimos esfuerzos se han encaminado a incorporar propuestas del PRD, como la diversificación energética, con la intención de que los moderados de ese partido voten a favor del dictamen. Buscan el máximo de consenso posible, aunque saben que una parte del PRD no va a votarla, y que otra parte, la más radical, “se volverá loca.”

¿Qué va a hacer el gobierno federal si, por ejemplo, los obradoristas le toman el aeropuerto de la Ciudad de México y bloquean las pistas? Es la pregunta que se hacen cotidianamente. La respuesta no es fácil. Un error en el desalojo, heridos de más o un muertito, y el tabasqueño volverá a ser San Andrés mártir.

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“¿Legalización de la mota? Claro que sí…”, soltó, espontáneo, el legendario asambleísta Salvador Martínez de la Rocca, alias El Pino. Hablaba de la propuesta que promueve el jefe de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo.

Este hombre quiere despenalizar el uso de la mariguana, y, eventualmente de la cocaína, para acabar con el negocio y “romperle el espinazo al crimen organizado”. Lo otro, advierte, “es seguir en esta costosa guerra, a la que no se le ve salida…”


Cirigo recordó que la Suprema Corte de Justicia ya reconoció que la ALDF tiene facultades para legislar en materia de salud. “La legitimación del consumo de drogas, cae en el ámbito de la salud”, alegó el perredista.

El jefe de los asambleístas del PRD, por cierto, presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional para que, entre otras cosas, el nombramiento del Procurador de Justicia del DF deje de ser facultad del Ejecutivo Federal. Propone que, en adelante, el nombramiento se haga a propuesta del jefe del gobierno del DF, y con la ratificación de la ALDF

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En el gobierno de Veracruz andan preocupados por las últimas palabras que pronunció el auto inmolado líder campesino, Ramiro Guillen Tapia. Este hombre, de 42 años, se quejó, antes de morir, que el Ejecutivo estatal no atendía sus demandas.

“Es de todos conocida y sabida la accesibilidad del gobernador Fidel Herrera Beltrán para escuchar las demandas de la población y darle solución a los problemas. Su gobierno es de puerta abiertas”, aseguran colaboradores del mandatario, en una nota enviada a distintos medios.

Guillén encabezaba a un grupo de 40 campesinos que invadieron 250 hectáreas en la comunidad de Ocozotepec, Veracruz. Los invasores perdieron un juicio en el Tribunal Agrario, y sobre ellos pesaba la amenaza de desalojo. Ante la posibilidad de que se suscitara un conflicto social, la SRA tomó cartas en el asunto.

El tema fue incorporado al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Colomer.) Para amortiguar el problema, se acordó el pago de 2 millones 240 mil pesos, como contraprestación por la desocupación del predio. La mitad la pagaría el gobierno de Veracruz y la otra mitad la Reforma Agraria. La minuta, aseguran, fue firmada por el propio Guillen Tapia.

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