Los 10 de Forbes.

Nos cuentan que cuando Felipe Calderón estuvo en la Gran Manzana, con motivo de la Asamblea de la ONU, en las últimas semanas de septiembre, se reunió con el consejo editorial del New York Times. Algunos indiscretos aseguran que el presidente de la República reaccionó muy mal a una pregunta incómoda de Eduardo Porter, periodista de origen mexicano; y que incluso criticó duramente a aquellos que viven de “hablar mal” de México en Estados Unidos.
La anécdota nos llamo la atención. Buscamos en la red de internet trabajos de Porter. Apenas en agosto pasado, el periodista escribió en el prestigiado cotidiano neoyorkino un artículo muy crítico sobre “la cultura monopólica” que impera en México. Le pega, y fuerte, ya sabe usted a quien.
“El estilo de acumulación de riqueza no es algo raro en el México moderno. De la televisión a las tortillas, sin olvidar los teléfonos, grandes porciones de la economía están controladas por monopolios u oligopolios”, subraya el periodista.
En otro artículo, que escogimos al azar, Eduardo Porter, quien creció en la Ciudad de México, dice que siempre supo que el nuestro era un país injusto, de contrastes, pero que nunca imaginó que tendría “billionarios”. De acuerdo a la revista Forbes, el año pasado había 10 mexicanos entre los 946 hombres más ricos del mundo, comentó.
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Lo anticipamos aquí en agosto pasado. Las organizaciones de campesinos, los ganaderos y los productores del campo, sobre todo aquellos que tienen más de 30 hectáreas, ya están en campaña contra la reestructuración del Procampo, propuesta por la Sagarpa.

El Consejo Nacional Agropecuario, la CNC, la CNPR, la CNOG, y la AMSDA, aseguran que se pretende cambiar el monto de los subsidios que otorga Procampo –963 pesos por hectárea, y 1,160 para productores menores de 5 hectáreas- a una cuota que se reduce conforme se incrementa el tamaño de la superficie apoyada.

Advierten que a modificación de Procampo sería negativa para la producción, reduciría la rentabilidad de un alto porcentaje de productores, afectará el abasto de cadenas pecuarias y generaría la pérdida de entre 300 y 550 mil empleos.

La versión del titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, es completamente diferente. Hace unas semanas, en sus oficinas, nos dijo que el nuevo Procampo, o como se vaya a llamar, incluye una redistribución de los apoyos públicos, que este año fueron de 16 mil 500 millones de pesos.

El plan pretende reducir de 100 a 70 dólares por hectárea, el respaldo a los productores que tienen más de 30 hectáreas, que representan solo el 2.1 por ciento del total de productores pero se llevan el 23.2 por ciento de los apoyos, e incrementarlo de 100 a 130 dólares a los que cultivan entre cero y cinco hectáreas. “No queremos una guerra norte sur”, nos dijo entonces el secretario Cárdenas Jiménez.

Pues ya la tiene.
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En 17 estados de la República hay leyes contra la tortura. En la Ciudad de México, donde esta práctica es recurrente en interrogatorios para obtener “confesiones” o sacar información, no se ha legislado al respecto. El vacío existe, a pesar de que el Diagnóstico de Derechos Humanos del DF se refiere, en diversos apartados, a las situaciones que en la actualidad perpetúan la tortura y su falta se sanción.

“La recurrencia al uso de la tortura como método de investigación policiaca no ha sido desterrada en la Ciudad de México ”, dice el proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Distrito Federal, elaborado por el asambleísta del PRI, Martín Olvarrieta. El texto ya tiene el consenso no solo de la CDHDF, sino de todas las fracciones en la ALDF.

Olavarrieta propone, entre otras cosas, la destitución inmediata de funcionarios que hayan cometido tortura; de tres a doce años de cárcel, multa de 200 a 500 días de salario mínimo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión, hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Pero también la reparación del daño a las victimas.

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¡Por fin…! Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía Guerra, Mario Palma Rojo y Mario Rodarte Esquivel, rindieron protesta ante el Senado como vicepresidentes de la Junta de Gobierno del INEGI.

Se conforma, de este modo, la Junta de Gobierno del Instituto, con Eduardo Sojo como presidente de la misma; y se consolida el proceso que le otorga al INEGI autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, El nuevo Instituto tiene como grandes retos los censos Económicos 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2010.