Y la reforma va…

La Comisión de Energía de la Cámara de Senadores ya tiene listo el dictamen definitivo para la reforma energética. Lo someterán al pleno para su discusión y aprobación, en su caso, en la primera quincena de octubre. El documento poco tiene que ver con la propuesta enviada al Congreso por el Ejecutivo en el mes de abril. “Es un dictamen sorprendentemente light”, ilustró una fuente parlamentaria del azul.

Por lo pronto, les podemos adelantar que refinación, transporte, y almacenamiento seguirán operando como hasta ahora. Es decir, no habrá una mayor apertura al dinero de los particulares en esas actividades. El senador del PRI, Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, confirmó lo arriba escrito.

La fuente precisó que los consejeros de PEMEX, a propuesta del Ejecutivo, tendrán que ser ratificados por la Cámara Alta, al igual que los integrantes del Consejo de Energía. El período de transición para que la paraestatal adquiera autonomía plena será de ocho años, y no de 12, como se planteaba inicialmente.

Hay un punto, sin embargo, que se perfila como muy controvertido. Es el que tiene que ver con lo que el senador pejista Ricardo Monreal define como “modalidad en los contratos de riesgo”. El zacatecano adelantó que Andrés Manuel López Obrador no va a aceptar el dictamen. “Te puedo garantizar que habrá movilizaciones”, dijo.

Labastida niega rotundamente que se trate de “contratos de riesgo”, en los que el inversionista privado comparte riesgos y ganancias en la exploración, por ejemplo, de las aguas profundas. Es un “régimen particular”, que tiene que ver los rápidos cambios tecnológicos que hay en la industria, pero también con los contratos a largo plazo de PEMEX, dijo el priísta.

El ex candidato presidencial no duda, sin embargo, que, venga como venga el dictamen, el legítimo saldrá a la plaza pública a decir que es una reforma privatizadora. Sabe que adelitos y adelitas saldrán a la calle a protestar. “Dónde te lo firmo…”, preguntó mordaz.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, hizo también su diagnóstico sobre la reforma energética: “Va muy bien”.

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Vaya alboroto que armó en el Senado a decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar procedentes los 42 amparos contra la reforma constitucional electoral, interpuestos por intelectuales y organismos empresariales.

Los legisladores sienten que los ministros se excedieron en sus facultades. “No puede un poder constituido revisar un poder constituyente; esto es gravísimo”, se quejó el perredista Monreal, quien anunció que promoverá un “extrañamiento” del Congreso a la SCJN.

A la derecha del tablero político nacional están igualmente indignados. “Es un golpe de estado técnico”, calificó, ni más, ni menos, el senador del PAN, Ricardo García Cervantes. El coahuilense prepara con minuciosidad la intervención que sobre el tema subirá a la tribuna el próximo jueves, y que promete sacudir conciencias.

Otro panista, Santiago Creel, quien se entrevistó la víspera con algunos de los integrantes de la Suprema Corte, estimó que la decisión de los ministros tiene que ver más con la intención de revisar los procedimientos, que con la intención real de otorgar los amparos.

Algunos legisladores, por cierto, manifestaron su extrañeza por el voto a favor de los amparos de Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente, y del ministro José Ramón Cossio. Les habían dicho que irían en contra. “Le tuvieron miedo a gente como Héctor Aguilar Camín”, concluyeron.

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El consejero electoral Marco Gómez, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, rechaza que las multas al PRD por el plantón de Reforma y la ocupación de la tribuna de la Cámara de Diputados; al PAN, por el envío en 1995 de un millón de tarjetas navideñas por el entonces candidato Felipe Calderón en plena tregua electoral, o al PRI por violar esa tregua, se impongan tardíamente o contribuyan a la polarización del país.

“La labor del IFE es cumplir con la Ley. No podemos dejar de sancionar a los partidos por pura prudencia política”, dijo. El consejero recordó que en el 2006, el Instituto actúo con prudencia “y se nos acusó de omisiones”.

Abundó: “En cuanto a la tardanza, no hay que perder de vista que el Instituto viene de largo un proceso de recomposición y que en esas condiciones era prácticamente imposible cerrar el proceso del 2006….”

Gómez negó las acusaciones de que la decisión del IFE viola el derecho de manifestación, o que se sancione a los diputados que tomaron a tribuna. “se castigan las omisiones de los partidos”, dijo.

Solicitó que citáramos el artículo 3, inciso b, del Cofipe, para entender las sanciones aprobadas. Dice textual: son obligaciones de los partidos políticos: Abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto, o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.”