Otra vez López Obrador.

El acuerdo político firmado ayer por los cuatro aspirantes a la presidencia nacional del PRD constituye un paso adelante para evitar la ruptura en la polarizada agrupación política. El compromiso que adquieren es respetar las reglas internas durante el proceso electoral, realizar campañas austeras y respetuosas, evitar la intromisión de agentes externos, pedir a los gobernadores que no utilicen recursos para favorecer a uno u otro, entre otras cosas.

Pero hay un punto que no aparece en el documento suscrito por Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Ricardo Monreal, y Camilo Valenzuela, que los cuatro respaldan: A cambio de que Andrés Manuel López Obrador no meta las manos en favor de Encinas, su candidato, el ganador se compromete a no reconocer a Felipe Calderón como presidente de México.

El Legítimo amarra así las manos al sucesor de Leonel Cota, y lo compromete a mantener una línea rupturista, que tantos votos le ha costado a la izquierda en las elecciones. No aprenden.
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Y mientras unos firman una tregua, otros se dan con todo. En las filas de Nueva Izquierda en el DF se multiplican las quejas contra Marcelo Ebrard. Uno de los dirigentes de esta corriente nos dijo que el jefe de gobierno del DF intenta arrebatar a Víctor Círigo el control del grupo perredista en la Asamblea Legislativa, con la compra de conciencias. “Por lo menos cinco diputados (de Nueva Izquierda) nos han venido a decir que Ebrard, personalmente, les ha ofrecido delegaciones, a cambio de que lo apoyen”, asegura la fuente.
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Tremenda pataleta hizo ayer Héctor Larios en la reunión que los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras sostuvieron en el edificio del Senado, en la calle de Donceles. El encuentro fue convocado para destrabar el procedimiento para elegir, en un periodo no mayor a 30 días, al sucesor de Luís Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, y a otros dos consejeros electorales.

El temperamental jefe de la bancada panista alzó la voz para exigir la aprobación inmediata, en sus términos, de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso que facultan a la Junta de Coordinación Política, que él preside, a presentar al Pleno las propuestas de nombres de los nuevos consejeros electorales.

Larios alegaba, en tono “iracundo”, que la designación de los nuevos consejeros es facultad exclusiva de los diputados, y advertía que si no le aprobaban el acuerdo, no le daría tiempo de hacer la amplia consulta ciudadana que exige la Ley, como paso previo a la elección de los consejeros. “Es ilegal”, reviraban los senadores, convencidos de que no cuidar de la legitimidad proceso – el ordenamiento debe quedar inscrito en el Cofipe-- podría acarrear complicaciones posteriores.

Testigos del encuentro dicen que Santiago Creel, coordinador de los senadores del PAN, tuvo que intervenir para calmar al encendido Larios. Al final se llegó al acuerdo de agregar un transitorio a la Ley Orgánica, para que los diputados puedan procesar, en forma inmediata, la renovación del Consejo General del IFE.

El transitorio establece que la Junta de Coordinación Política, por única vez, presentará al Pleno la convocatoria y propuestas de nombres para ocupar los cargos que dejarán vacantes Ugalde y otros dos consejeros.
La misma gata…

Larios andaba mal y de malas. Cuando llegó al edificio de Donceles para asistir al encuentro, los policías de tránsito del DF intentaron colocar una “araña” en su camioneta mal estacionada. Hubo forcejeo de los policías con agentes de seguridad de la Cámara de Senadores. Al final no inmovilizaron la camioneta. Se salvó de la multa.
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El senador Federico Döring no ha sido cesado aún en su cargo de subcoordinador de Enlace de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Los que saben dicen que Creel no ha hablado aún con el. De esa charla dependerá si permanece o no en el cargo.

El “legislador Televisa” –asi le dicen sus compañeros-- tiene a su favor la intención de Creel de preservar la unidad del grupo. En contra juegan sus declaraciones en defensa de Manlio Fabio Beltrones en la pugna que sostuvo con el ex presidente Fox. Y si no que le pregunten a la senadora del PAN, Adriana González, quien ayer se le fue con todo, en la reunión previa de la bancada.
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En la Suprema Corte de Justicia también hay condición humana. A este espacio llegó la queja de que el ministro José Ramón Cosío promueve “indebidamente” al magistrado Jorge Meza para el cargo que aún queda vacante en Consejo de la Judicatura. El problema es que la cuota de la SCJ en ese órgano está cubierta, y el nuevo consejero debe ser alguien propuesto por el Senado.