Tregua del EPR

En altos círculos del gobierno ha llamado la atención el reciente comunicado del EPR, con fecha del 8 de noviembre, en el que ofrece una breve tregua por la catástrofe en las dos entidades del sureste del país. “Por el momento tomamos en cuenta el desastre natural que ocurre en los estados de Tabasco y Chipas”, dice el texto.
El grupo armado que puso de cabeza al régimen, con los atentados a los ductos de Pemex en Querétaro y Veracruz, hace también un llamado a tabasqueños y chiapanecos para que, mediante la solidaridad y la organización popular, como en el sismo del 85 en el DF, rebasen la “organización corporativa gubernamental”.
Les pide tomen en sus manos la distribución de víveres y ayuda del pueblo de México, con miras a evitar que sean embodegados “para beneficio personal o de cualquier partido político”. ¿Sabrán algo?
Los eperristas, sin embargo, añaden una demanda a la exigencia de que aparezcan con vida Eduardo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, desaparecidos durante el conflicto en Oaxaca. Ahora quieren que el gobierno federal haga pública la ubicación de las tumbas de los guerrilleros asesinados durante las décadas de los sesenta y los setenta.
Las demandas parecen difíciles de cumplir. El gobierno ha admitido públicamente que no tiene conocimiento de dónde están los dos desaparecidos del EPR, y dudamos mucho que abran la boca los que saben dónde están enterrados los guerrilleros o activistas desaparecidos en la guerra sucia.
El EPR no dice cuándo terminará esta especie de tregua obligada, pero sí deja claro que, mientras no se cumplan sus demandas, continuará lo que llaman “Campaña Nacional de Hostigamiento”.

En la fracción del PRI en la Cámara de Diputados andan enojados con su compañero de bancada Alfredo Ríos Camarena, por haber torpedeado la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que faculta a la Junta de Coordinación Política para configurar la lista de candidatos a consejeros electorales del IFE, que deberán suplir a los tres que se van, entre ellos Luis Carlos Ugalde.
“Es una voz interesada. Su hijo es el secretario particular de Luis Carlos Ugalde. Por eso los cuestionamientos. Cuando aprobamos la Reforma Constitucional Electoral, lo mandaron fuera del país para que no hiciera olas”, nos dijo un diputado cercano a Emilio Gamboa.

La nota pesimista de la semana la dio el diputado perredista Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Régimen de Estado y de Gobierno de la Reforma del Estado. Apenas asumió funciones y ya dice que no va a pasar nada. “Si acaso habrá alguna modificación en el Congreso, alguna mejoría en el funcionamiento de las comisiones”, subraya el hombre.
“¿Un jefe de gabinete? Eso es lo que quiere el PRI en su afán de cogobernar, pero Felipe Calderón no va a aceptar. Tiene los diputados suficientes para frenar esa reforma”, adelantó el legislador de Zacatecas. Habría que preguntar si vale la pena gastar tantos recursos en una comisión que, según su presidente, lo único que podrá hacer es mejorar el funcionamiento de las comisiones legislativas.

Hablamos con el perredista Juan Guerra sobre la reunión que, a mediados de la semana, sostuvo la Comisión Fox con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en las oficinas de este último. Al sinaloense no le gustó que su homólogo panista Juan de Dios Castro, hijo del asesor jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado, haya sacado una grabadora en plena sesión. “El secretario se pudo haber inhibido, más allá de que es una descortesía grabar sin su autorización”, observó el legislador.

Pronto podríamos ver inversión china en obras como la autopista Toluca-Temascaltepec, el Viaducto Bicentenario Toreo-Tepotzotlán, la autopista Atlacomulco-Palmillas, el libramiento Atizapán de Zaragoza. Pero también en salud, el Hospital Regional de Especialidades en Zumpango; en infraestructura hidráulica, la construcción de plantas de tratamiento y, en educación, la construcción del Centro Cultural Mexiquense. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de gira por el lejano oriente, así lo dejó entrever, al reunirse en Beijing con directivos del Banco Chino de Desarrollo.

Un total de 8 millones 250 mil pesos fueron entregados por el SNTE a los gobernadores Juan Sabines, Chiapas (5 millones 500 mil pesos), y Andrés Granier, Tabasco (2 millones 250 mil pesos). Los recursos van “etiquetados” a la compra de útiles, nos dicen en el sindicato.
n Moraleja de la semana (dedicada a López Obrador): La vocación del político de oposición es hacer de cada solución un problema.

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