Tomadura de pelo.

El 28 de noviembre se realizará la última junta del actual Consejo General del IFE. Será la sesión de despedida de Luís Carlos Ugarte, presidente consejero, y de otros dos integrantes del Consejo que aún no saben con certeza que se van. Los diputados no han decidido las otras dos cabezas que serán guillotinadas.

Una de las últimas tareas del actual Consejo será la de “dar vista” al Presupuesto del IFE para el 2008. Habrá que hacerle ajustes. El Congreso volvió a castigar al Instituto. Le recortó 646 millones de pesos del monto inicial (8,613 millones.)

El IFE, además, deberá elevar hasta en cuatro veces los recursos asignados a las tareas de la nueva Contraloría, creada por el Congreso para vigilar el uso de recursos en el órgano “autónomo” electoral. El titular de esa Contraloría será nombrado por los diputados.
* * *
En San Lázaro se consumó ayer lo que a todas luces ha sido una tomadura de pelo. Los diputados aprobaron finalmente las modificaciones la Ley Orgánica del Congreso, que habilitan “por única vez” a la Junta de Coordinación Política (es decir, a los tres diputados más poderosos: Héctor Larios, PAN, Javier González Garza, PRD, y Emilio Gamboa, PRI) a decidir sobre los nombres de los tres nuevos consejeros.

Los legisladores se pasaron por el arco del triunfo las modificaciones que ellos mismos hicieron al artículo 41 de la Constitución. Este artículo ordena que antes de conformar el nuevo Consejo General del IFE se realice una “amplia consulta pública”. Lo que van a hacer es una pasarela inútil. Serán los partidos, y sólo ellos, los que le pondrán nombre a los lugares vacantes.

* * *

Uno que debe andar purgado es Marti Batres, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa aprobó en ayer comisiones quitar el manejo de becas, útiles y uniformes escolares, que tiene actualmente la Secretaría que encabeza, y pasarlo a la Secretaría de Educación del DF, que se creó apenas el año pasado.

La iniciativa, presentada por el diputado local de Nueva Alianza, Xiúh Tenorio, tiene la virtud de evitar que todos esos programas, susceptibles de ser clientelares, dejen de ser manejados con criterios políticos, bajo cobertura social. Los pone en manos de un funcionario que sí sabe de educación, como es el titular de la secretaria del ramo en el DF, Axel Didrickson.

La ofensiva contra Batres, lanzada desde la calle de Donceles, no para allí. Viene otra iniciativa del diputado de Alternativa, Jorge Carlos Díaz Cuervo, para quitar a la secretaria de Desarrollo Social del DF el manejo del millonario programa de apoyo a los adultos mayores. Lo quiere pasar a la Secretaria de Salud. ¿Le sabrán algo a Marti? Es pregunta.
* * *
México Unido Contra la Delincuencia cumplió el pasado martes 10 años. Su reclamo en seguridad y justicia sigue vigente. La Federación no ha cumplido su parte. El crimen organizado genera violencia, percepción de inseguridad y de debilidad del Estado, así como graves daños a la salud de los mexicanos.

Ha dejado al margen las tareas de prevención, porque políticamente es “poco rentable”. Lo dijo Maria Elena Morera, presidenta de esa organización, al mismísimo presidente Calderón, quien asistió a la ceremonia conmemorativa en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.
Morera hizo notar que la autoridad no ha dado respuesta contundente a los homicidios de policías, ni reconoce el gran riesgo al que día a día se enfrentan. “Cuando nos matan a un policía los delincuentes, matan una parte del Estado mexicano”, puntualizó la esposa de Pedro Galindo, secuestrado y mutilado por sus captores.
* * *
Por primera vez vendrá a México el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid. Su visita está programada para el 29 de noviembre próximo, según Santiago Creel, presidente de la mesa directiva del Senado. Dos temas a tratar con son la emigración y la famosa Iniciativa Mérida (o plan México.)

Reid, quien vendrá acompañado de otros cinco senadores, ha mantenido una actitud positiva hacia los emigrantes. El año pasado logró empujar en la Cámara alta de un proyecto de ley de inmigración sólido que beneficiaria a 12 millones de indocumentados. “Desgraciadamente fue víctima de la política en la Cámara de Representantes", se quejó entonces el senador demócrata.