“Si yo fuera pelotero”.

A José Luís Soberanes le provoca hilaridad la versión que Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, se fue del país a consecuencia de la carta que envió, en marzo pasado, a Louise Arbour, Alta Comisionada de esa Oficina, para quejarse de que el italiano no cumplía con su mandato. Le cuesta creer que le confieran tanto poder, como para obligar a la oficina de la ONU a mover a sus representantes de México. “Qué bueno que no fui pelotero; habría ganado la serie mundial con un solo lanzamiento”, comentó mordaz.

El ombusdman nos entregó copia de la carta. Hizo notar que en ningún pasaje de la misiva se sugiere acción alguna con respecto a la situación en México del Incalcaterra. “Quienquiera que la consulte, en su versión completa, podrá advertir que se refiere a las expresiones públicas con las que el representante de la señora Arbour recomendaba que la CNDH aceptara las peticiones contenidas en el informe emitido por la organización Human Rights Watch”, destacó.

El Informe de HRW, hay que decirlo, no fue del agrado del ombusdman. Utiliza más de 40 adjetivos para descalificar a la CNDH. Dice, entre otras cosas, que es “legalista” y “formalista”.

En Comisión nos entregaron un escrito que explica que la carta enviada a Arbour por Soberanes tiene una razón y un contexto “que no se ve reflejado con la publicación del único fragmento de la misiva que, en razón de sus intereses, reprodujo hoy Sergio Aguayo, quien firmó una nota informativa en Reforma”.

La carta de es de 4 cuartillas. El fragmento que publicó Aguayo dice: “Por medio de la presente comunicación, manifestamos nuestra inconformidad derivada de la postura asumida por el Representante de su Oficina en México, el señor Amérigo Incalcaterra, quien haciendo caso omiso de su mandato, dio su respaldo público al documento de Human Rights Watch.”

Incalcaterra, por lo demás, es inteligente, pero a menudo excesivo e imprudente. Llegó a decir que Andrés Manuel López Obrador era el presidente legítimo de los mexicanos, lo que no es correcto, ni usual, entre los diplomáticos acreditados en México.
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Ya que estamos. El ombusdman está convencido de las condiciones que los gringos le ponen a México para otorgar los 350 millones de dólares en ayuda para el combate al narcotráfico (Iniciativa Mérida) en el ejercicio fiscal 2008, representan la vuelta a los tiempos de la certificación. “Se nos quieren meter por la puerta de atrás”, subraya.

La CNDH considera particularmente grave el hecho de que para recibir estos recursos, los estadounidenses le pidan al gobierno de México crear un Registro Nacional Federal del personal policiaco. La embajada de Estados Unidos administraría una base de datos y la calificación del personal, aseguran.

Otra condición inaceptable es que en el documento se disponen 5 millones de dólares para el Departamento de Alcohol, Tabasco, Armas y Explosivos para desplazar agentes especiales a México y apoyar las investigaciones sobre tráfico de armas.

Una más: El presidente de Estados Unidos designaría un coordinador de las actividades del gobierno de aquel país para instrumentar la Iniciativa Mérida. Otra más: Que los casos de violación a los derechos humanos, por parte de miembros de las fuerzas armadas, pasen a la justicia civil. No está mal. El problema es que en la Constitución existe el fuero militar.

En las oficinas del ombusdman hacen notar que el Plan incluye la asignación de un millón de dólares para la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México. “Esto indica la importancia de los diálogos que dicha Oficina ha tenido con ONG’S como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, cuyos integrantes han realizado una intensa actividad en el Congreso de Estados Unidos”, subrayan.
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El debate sobre la Reforma Energética empieza a provocar desazón entre los panistas. “Es mucho costo, mucho desgaste y hay poco avance”, admite el senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda. Está convencido de que todo va a regresar a su punto de partida. “Nos van a salir (los del Frente Amplio) con que hay que hacer una consulta popular. Nada más fue una cuestión de comprar tiempo y capitalizarlo”, lamentó el legislador.
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Llegó el turno a los gobernadores de participar en ese debate. Seis de ellos se darán cita en el Senado, este jueves, para defender sus posturas. El chilango Marcelo Ebrard y el michoacano Leonel Godoy buscarán hacer pedazos las iniciativas de Calderón; el guanajuatense Juan Manuel Oliva y el morelense Marco Adame, intentarán defenderlas; el veracruzano Fidel Herrera y el tamaulipeco Eugenio Hernández, jalar agua para su molino.

Y como dijo el clásico Ángel Fernández ¡Allá nos vemos…!