El gran derrotado.

En ese espacio hemos denunciado las maniobras que se intentan para declarar nulas las elecciones internas del PRD y evitar que Andrés Manuel López Obrador, quien se la jugó públicamente por Alejandro Encinas, aparezca como el “gran derrotado” de los comicios internos.

Hemos afirmado que la clave de las maniobras está en los cómputos. Lo reiteramos. A pesar del acuerdo para destrabarlos, pactado entre Encinas y Ortega el sábado anterior, siguen las dificultades para proseguir con el reecuento.

Los encinistas mantienen “tácticas dilatorias” en varios estados, denuncia un comunicado difundido anoche por el equipo de Ortega. El texto destaca la "lentitud" de cómputos en el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Tabasco “donde, con cualquier pretexto, se retrasan los cómputos y la posibilidad de que a la brevedad estén los resultados finales.”

La estrategia de “reventar” los cómputos ha llevado a Arturo Núñez Jiménez a su límite. El presidente del Comité Técnico Electoral ha comentado, entre dirigentes del PRD, que si el próximo miércoles no hay más del 80 por ciento de los votos computados, declara nula la elección, pero que si el recuento supera ese porcentaje, dará a conocer los resultados
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En el interior del PRD nos dicen que soplo quedan dos escenarios para salir de la crisis: Un acuerdo político entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas, que incluya el compromiso de no acudir al TEPJF, aun cuando el resultado no les favorezca; o, como apuntamos ya, la anulación de las elecciones internas y la designación de un presidente interino, por lo menos hasta las elecciones intermedias del 2009.

Entre los perredistas se extiende la idea de que un acuerdo cupular no serviría absolutamente de nada, aún si recibiera la bendición del legitimo, quien en ningun escenario de salvara de aparecer como el “gran derrotado”. Fue rechazado por más de la mitad de los votantes.

Queda la opción del interinato. Dos nombres se manejaron en el Conejo Nacional del PRD como candidatos al interinato; Lázaro Cárdenas Batel y Ricardo Monreal Ávila. El primero no parece ser opción para el ala radical del obradorismo. Los talibanes amarillos nunca lo aceptarían. Lo han acusado de traidor, vendido y otras lindezas por el estilo, por asumir cabalmente su papel de gobernador cuando lo era, y no seguir el dictado del legítimo.

Monreal genera menos polémica. Aunque está cerca de Andrés Manuel López Obrador, no tiene el repudio ciego de Nueva Izquierda. Le preguntamos al zacatecano sobre la posibilidad de entrarle al quite. “No estoy inscrito en esa dinámica. Se requiere de un gran acuerdo, y yo no creo tener las condiciones para encabezarlo”, reconoció, con modestia.

Junto con el ex gobernador de Zacatecas hicimos un ejercicio de reflexión para encontrar algún nombre con liderazgo suficiente para aplacar a la militancia y regresar al partido a la normalidad política.

Fracasamos.
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En este espacio hemos hablado de las luces y sombras de la polémica reforma constitucional electoral, que hizo sacar chispas en la relación entre los partidos y los concesionarios; y cambió para siempre el vínculo comercial entre candidatos y medios.

Uno de los puntos obscuros de esa reforma es la prohibición, a cualquier persona o grupo ajeno a los partidos políticos, de contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor ni en contra de partidos o candidatos a puestos de elección popular.

Un grupo de intelectuales interpuso un amparo en contra de esta disposición constitucional, por considerar que inhibe y frustra el pleno ejercicio de la libertad de expresión de las ideas; restringe la garantía de acceso y aliento a la vida democrática deliberativa; y modifica los valores constitucionales del régimen democrático deliberativo.

En este grupo figuran nombres como el de Ángeles Mastreta Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman.

En estos días, el ministro Sergio Vals deberá iniciar la elaboración de un proyecto que examine la conveniencia de que la SCJN atraiga todos los amparos interpuestos en contra de la reforma constitucional, entre ellos el interpuesto por los intelectuales.

El tema es de capital importancia. Si la Corte desecha ese amparo contribuirá, sin lugar a dudas, a reducir el campo de la libertad de expresión y, como advierten los intelectuales citados, limitará a los ciudadanos a un rol de votante, espectador y encuestado “arrancando y eliminando de dicha esfera el derecho para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad.”