Trueque en el Congreso; carambola en el PRD.

No habrá más besamanos al presidente, ni posibilidades para los legisladores obradoristas de convertir el Congreso en un circo, cada 1 de septiembre. La ceremonia del Informe, tal cual la conocemos, va a desaparecer. El PRI le completó la mayoría calificada al PAN para reformar el artículo 69 de la Constitución, a fin de liberar al presidente de la República de la obligación de asistir a la Cámara de Diputados para entregar anualmente su informe de gobierno. En adelante podrá hacerlo por escrito y, como dijo el diputado del PRD, Juan Guerra, enviarlo con un motociclista, si le da la gana.

El PAN no quiere exponer más al presidente de la República. En los dos últimos informes les ha ido como en feria. Vicente Fox tuvo que entregar su Sexto Informe en el vestíbulo. Los obradoristas ni siquiera lo dejaron entrar al salón de sesiones. Felipe Calderón sí entró, pero entregó su primer Informe, y se fue sin dar su mensaje a la Nación. No había condiciones.
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En la larguísima sesión de ayer, en la Cámara de Diputados, los azules votaron, junto con el PRI y la Chiquillada, modificaciones al artículo 116 de la Carta Magna para homologar, en 30 años, la edad mínima para ser gobernador en todo el país.

“Es la moneda de cambio por el cambio al formato del Informe” soltó espontáneo Diódoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación. “La modificación lleva dedicatoria para Campeche y Chiapas”, precisó el ex secretario de Gobernación, quien no vacilo en calificar de “mamada” la modificación al 116. EL oaxaqueño está convencido de que la edad mínima se tiene que decidir en los congresos locales.

El senador priista Alejandro Moreno, amigo cercano de Juan Camilo Mouriño, quiere ser el mandamás en Campeche, pero la edad no le alcanza. La Constitución local exige 35 Años. Alito, como le dicen, tampoco goza de las simpatías del actual gobernador, Jorge Carlos Hurtado. El otro beneficiado es el senador verde por Chiapas, Manuel Velasco.

Cinco estados de la República consideran actualmente 35 años como edad mínima para ser gobernador. Quintana Roo requiere 25 años. Sonora eliminó ese requisito. El resto de las entidades establecen los 30 años.

Ambas reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por el Senado, antes de iniciar su recorrido por los congresos locales. En San Lázaro daban ayer por hecho la convocatoria a un período extraordinario de sesiones.
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El resolutivo de la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD que valida el triunfo de Alejandro Encinas con apenas el 83.9 de los votos, dio al traste con las negociaciones para construir un acuerdo que evite la fractura en ese partido. El diputado Raymundo Cárdenas, encargado junto con el senador Graco Ramírez de los asuntos del CEN del PRD, da por concluida su tarea para encontrar una salida a la crisis derivada del cochinero en las elecciones internas.

Ya no promoverá el acuerdo pactado con los gobernadores del PRD --un presidente substituto por cuatro meses y un Congreso fundacional- porque ya no le ve caso. “Si el órgano interno decide un ganador, ese es el ganador”, asevera.

Al representante de Encinas en el CEN del PRD parece no importarle que el proclamado “triunfo” del cachorro de López Obrador se haya basado en un acta de cómputo “chata, chafa y parcial” –los calificativos son de Jesús Zambrano, uno de los dirigentes de Nueva Izquierda. Mucho menos que no se haya computado un solo voto en el estado de Chiapas, donde supuestamente Chucho Ortega arrasó. Ni siquiera cree que el TEPFJ, ante el cual e inconformó el candidato de Nueva izquierda, se “atreva” a desconocer a Encinas. Para don Raymundo, el PRD ya tiene presidente electo.

Nueva Izquierda, por lo demás, proclamó también el triunfo de Jesús Ortega. Dice Zambrano que voto por voto, casilla por casilla, le ganaron a Alejandro Encinas por 16 mil 809 votos. “Por eso no quisieron terminar el cómputo, por eso quisieron validar marrulleramente esa acta”, subrayó el otro Chucho. * * *

Hay claras señales de que el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia intentará reelegirse en la Convención que esa organización gremial celebrara el próximo viernes. Sus detractores, sin embargo, aseveran que la reelección de Napito es contraria a las leyes mexicanas.

Recuerdan que la Constitución señala, en su artículo 38, que todo ciudadano pierde sus derechos por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Napo se esconde en Vancouver desde hace 2 años para evadir las órdenes de aprehensión que pesan sobre él, por un presunto fraude de 55 millones de dólares del fideicomiso minero.