¿Informe sin Estado Mayor?

A partir del primer minuto de septiembre próximo asumirá la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja la perredista Ruth Zavaleta. A ella le toca responder, por ley, el Primer Informe del presidente Calderón. No lo va a hacer. Su partido no reconoce a Felipe.
El PRD se va a valer de todos los instrumentos legales a su alcance para boicotear el acto republicano. Un integrante de la cúpula parlamentaria de ese partido adelantó a este reportero que, una vez que asuma el cargo, la presidenta de la Mesa Directiva no permitirá que el Estado Mayor Presidencial, ni ninguna otra fuerza federal o local, asuma el control del Palacio Legislativo "antes, durante o después" del Informe.
Citó el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso, para respaldar sus palabras: "Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso".
Y más adelante: "Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente (de la mesa directiva) podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto".
El tema no es menor. En los últimos años, el Estado Mayor ha asumido el control dentro del Palacio Legislativo, desde días antes del Informe. Ha contado, para ello, con la anuencia de la Mesa Directiva. La negativa de Zavaleta pone al Presidente en un predicamento: ir sin que el EMP asuma el control en San Lázaro.
De acuerdo con la citada ley, otras facultades del presidente de la Mesa Directiva son: abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno; conducir los debates y las deliberaciones del pleno, presidir las sesiones del Congreso General (a las que asisten diputados y senadores); representar ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la Federación, entre otras. ¿Zavaleta tampoco irá a las ceremonias donde acuda el Presidente de la República? Es pregunta.
Cuenta el ombudsman del DF, Emilio Álvarez Icaza, que alguna vez que le llevó a Andrés Manuel López Obrador un caso de tortura documentado, el entonces jefe de Gobierno del DF reveló su total cerrazón frente al espinoso tema. "Yo duermo tranquilo, en el DF no se tortura…", repuso López Obrador.
La cosa no paró allí. A El Peje no le gustó nadita la reclamación de Álvarez Icaza y dio instrucciones a los funcionarios de su gobierno de evitar, en la medida de lo posible, trabajar con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El ombudsman sospechaba que el tema de los derechos humanos no era del agrado de El Peje —autollamado ahora presidente legítimo—, pero ya no le quedó duda cuando dejó de ir a sus informes anuales. Sólo asistió a uno de cinco informes sobre la situación de estas garantías individuales en la capital.
Marcelo Ebrard es "más abierto" en el tema, nos dice Álvarez Icaza. Ilustra su afirmación con un caso ocurrido cuando el actual jefe de Gobierno era secretario de Seguridad Pública: un estibador resultó herido de gravedad, luego de que a un policía se le escapó un tiro. El muchacho estuvo en coma durante meses y cuando despertó le dieron dos malas noticias: había perdido 30% de sus facultades físicas y debía al hospital más de 800 mil pesos.
¿Y yo por qué?, como diría el clásico. El muchacho buscó —y encontró— el respaldo de la Comisión. El día que el ombudsman local iba a emitir una recomendación sobre el caso, Ebrard le entregó un cheque al estibador, que cubría no sólo los gastos médicos, sino lo que dejó de ganar durante su convalecencia.
Marcelo, además, ya accedió a que se realice una revisión de la situación de los derechos humanos en el DF, certificada por la ONU. López Obrador nunca lo aceptó, según el ombudsman.

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