¿Yeidckol? ¿De dónde es usted?

Me asomé ayer al Senado para ver y escuchar a Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua. Tenía más de 20 años de no observarlo físicamente. La última vez fue en la década de los ochenta, en París, cuando era el vigoroso comandante del gobierno sandinista, que había tomado por las armas el poder en Nicaragua. El mundo era bipolar. Eran épocas del eje neoliberal Reagan-Thatcher; los primeros años de Mitterrand en Francia; la guerrilla en El Salvador.
Lo vi un poco más viejo. La calva ampliada por los años. El andar pausado y el tono menos encendido. Llevaba camisa blanca y el reloj de pulso con la cara hacia abajo. Me llamó la atención, sin embargo, lo poco que ha cambiado su discurso.
Habló del sometimiento de América Latina por parte de los "yanquis"; de los dictados del "imperio"; del "capitalismo" al que ahora denomina "global"; de los generales (líderes del G-7) que se arrogan el derecho de fabricar armas; que deciden bombardeos, guerras; que determinan subsidios… Lo nuevo: Va a crear en Nicaragua los Consejos de Poder Ciudadano, que tendrán injerencia hasta en el presupuesto. No pude evitar asociarlos con los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba.
Ortega fue recibido en el Salón Colosio de la vieja casona de Xicoténcatl. Uno a uno le fueron presentados los legisladores. Cuando escuchó el nombre de Yeidckol Polevnsky, le sonó extraño. ¿De dónde es? Preguntó el comandante. "De raíces mexicanas y nombre polaco, que es lo más polaco que tengo", repuso, muy oronda, Citlali Ibáñez Camacho.
Al senador priista Francisco Arroyo, quien conducía el evento, se le había olvidado presentar a Francisco Agundis Arias, coordinador de la bancada del PVEM en el Senado. Una asistente le sopló al oído la omisión. El guanajuatense se apresuró a corregir el error y tan importante presencia quedó registrada.
Ortega se chutó un discurso de más de 50 minutos, que culminó con alusiones a nuestro país. "Vengo con esperanza a un México al que no se le olvidan sus hermanos latinoamericanos, por más cerca que estén de los Estados Unidos", dijo. Para rematar, nos recordó la política "arbitraria y antiinmigratoria" de los vecinos del norte, que ayer quedó plenamente corroborada.
Ni el tándem Bush-Kennedy pudo evitar la "derrota para México" —así la denomina el ex canciller Jorge Castañeda— que significó la negativa del Senado estadunidense a avanzar en el debate sobre la reforma migratoria que regularizaría a alrededor de 12 millones de indocumentados, más de la mitad de los cuales son paisanos.
Castañeda no tuvo pelos en la lengua para fustigar el termino "desmigratizar" la agenda México-EstadosUnidos, utilizado por el embajador Arturo Sarukhan, otrora uno de sus principales colaboradores. En el noticiero de Pepe Cárdenas, en Radio Fórmula, El Güero consideró que la utilización de ese término llevaba implícito el mensaje de que la migración dejó de ser prioridad para nuestro país.
Muy graves son las acusaciones que el PRI de Baja California hace contra la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Elba Regina Jiménez Martínez. En el recurso interpuesto ayer ante el TEPJF, asegura que la magistrada modificó su posición sobre la elegibilidad de Jorge Hank Rhon, a cambio de la restitución de 100% del presupuesto al TEE, que el Congreso panista, por órdenes del gobernador Eugenio Elorduy, había reducido a 40 por ciento.
El texto del recurso recuerda que, en diciembre de 2005, Elba Regina, quien todavía no era presidenta del TEE, votó a favor de la elegibilidad del hijo del profesor Hank, a partir de las contradicciones que existen entre los artículos 41 y 42 de la Constitución local. El primero habilita a los alcaldes a separarse de su cargo para contender en una elección, mientras que el segundo lo prohíbe (la famosa ley antichapulín).
"El mismo Tribunal nos dice hoy que Hank no es elegible. O nos engañó en diciembre o nos hace fraude hoy", puntualizó el senador Francisco Castro Trento, coordinador de la campaña del millonario empresario-candidato del tricolor.
Castro recordó que la precariedad del Tribunal local se inició en 2005. El Congreso le quitó 60% del presupuesto. "Durante seis meses no cobraron salarios los magistrados ni tampoco los empleados. Los doblaron por hambre", dice.

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